Por un lado el concejal Pastor Filártiga presentó una minuta para conocer las condiciones en que funciona el establecimiento municipal. Por otro lado, los datos de ejecución presupuestaria hasta septiembre muestran que se recaudaron G. 192,5 millones de los G. 700 millones previstos por impuesto al faenamiento. Por el uso del matadero se presupuestaron otros G. 150 millones, pero no aparece ningún ingreso.
La Matadería Municipal de Calle’i arrastra cuestionamientos desde hace años. Sin embargo, las discusiones sobre su funcionamiento no siempre estuvieron acompañadas de controles ambientales y sanitarios que permitan conocer qué ocurre dentro del establecimiento y qué consecuencias podría tener su actividad para los vecinos.
Ahora, el concejal Pastor Filártiga llevó el tema a la Junta Municipal mediante una minuta en la que solicita a la Intendencia un informe completo sobre la situación administrativa, ambiental, sanitaria y contractual del matadero.
Entre los documentos requeridos figuran la licencia ambiental, los estudios de impacto ambiental, los planes de tratamiento de efluentes y los registros sobre la disposición final de sangre, grasas, vísceras, estiércol y otros residuos propios de la faena.
También pide conocer los resultados de análisis de efluentes y agua, las inspecciones realizadas, las denuncias vecinales por olores o contaminación y las medidas adoptadas ante posibles irregularidades.
No es un asunto menor. Una matadería genera residuos que necesitan tratamiento adecuado. Por eso, la ciudadanía tiene derecho a saber si el establecimiento cuenta con las autorizaciones correspondientes y si existen controles efectivos para evitar que su actividad afecte al ambiente y a la salud pública.
G. 507 millones por debajo de lo presupuestado
Los números de la ejecución presupuestaria municipal hasta septiembre también merecen una explicación.
Para este año, la Municipalidad de San Lorenzo presupuestó G. 700.000.000 en concepto de impuesto al faenamiento. Sin embargo, hasta el noveno mes del año ingresaron solamente G. 192.592.000, equivalente al 27,3% de lo previsto.
La diferencia entre la estimación presupuestaria y lo recaudado hasta septiembre alcanza G. 507.408.000.
Pero hay otro dato que llama todavía más la atención. Por el concepto de canon por uso de Matadero Municipal, el presupuesto contempla ingresos por G. 150.000.000. Hasta septiembre, la ejecución presupuestaria registra cero guaraníes recaudados.
En otras palabras, mientras la Municipalidad tiene previsto cobrar G. 150 millones por el uso de su matadero, en los registros de ingresos no aparece un solo guaraní por ese concepto.
Las cifras no demuestran por sí solas que exista un incumplimiento del operador, pero obligan a preguntar: ¿quién o quienes realmente está explotando actualmente el establecimiento?, ¿qué establece el contrato?, ¿se están realizando los pagos correspondientes?, ¿por qué no figura recaudación por canon?
También corresponde conocer cómo se calcula y controla el impuesto al faenamiento y si los registros municipales coinciden con la cantidad de animales faenados.
No alcanza con incluir cifras en el presupuesto. La Municipalidad debe explicar cómo controla esos ingresos y por qué la recaudación está tan lejos de las estimaciones realizadas.
El ambiente y la salud no pueden quedar en segundo plano
La historia de la matadería municipal no comenzó con esta minuta. A lo largo del tiempo, su funcionamiento generó cuestionamientos y situaciones que merecían un seguimiento más riguroso.
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Unirme ahoraSin embargo, las autoridades municipales tendieron a buscar salidas rápidas a los problemas relacionados con el establecimiento, mientras las cuestiones ambientales y sanitarias no tuvieron la misma atención pública que los aspectos vinculados a su explotación.
Una instalación municipal que genera residuos orgánicos y efluentes necesita controles permanentes. No basta con que funcione ni con que exista un contrato de explotación. Hay que comprobar que cumple las exigencias ambientales y sanitarias.
El municipio tampoco puede mirar únicamente el beneficio económico de la actividad. Si se trata de un bien público, su administración debe responder al interés general, y eso incluye proteger a los vecinos y rendir cuentas sobre el dinero que produce.
Piden intervención del MADES y SENACSA
La minuta de Filártiga, plantea que la Intendencia ordene una inspección urgente de la matadería y solicite la intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).
El MADES deberá intervenir en lo relacionado con las autorizaciones y obligaciones ambientales, mientras que SENACSA tiene competencia en materia de habilitación y control sanitario y veterinario.
El concejal también solicita informes sobre el contrato vigente con el responsable de la explotación, sus eventuales modificaciones y las obligaciones asumidas por el operador.
Además, pide que Asesoría Jurídica determine si existen incumplimientos contractuales y cuáles serían las medidas legales que podrían adoptarse, incluida una eventual suspensión de actividades o rescisión del contrato, si las circunstancias lo justifican.
Cinco días para responder
El edil solicita que la Intendencia responda en un plazo de cinco días hábiles, con la documentación disponible y un detalle de las actuaciones iniciadas. También pide que se identifiquen los documentos pendientes y las gestiones realizadas para obtenerlos de otras instituciones.
La minuta fue aceptada por unanimidad de los concejales presentes (Pedro Martínez ANR, estuvo ausente con permiso).
Los pedidos de informes presentados por Filártiga responden a cuestiones que la ciudadanía sanlorenzana deben saber, tales como: en qué condiciones funciona la matadería, qué controles se realizaron, qué obligaciones cumple el responsable de la explotación y por qué la recaudación municipal presenta estos números.
La Matadería Municipal no puede seguir siendo tratada solamente como una actividad que genera ingresos o como un problema administrativo que se resuelve de apuro. Está en juego un bien municipal, dinero público, el ambiente y, sobre todo, la salud de la población.
