Conflicto ambiental en Reducto: Vecinos defienden su calidad de vida y cuestionan ilegalidades de planta asfáltica

Por Daniel Vargas

Los pobladores de los barrios Reducto y Lérida de la ciudad de San Lorenzo se mantienen firmes en defensa de su derecho fundamental a una mejor calidad de vida, un ambiente saludable y la tranquilidad en sus hogares. Ante la persistencia de operaciones clandestinas en el predio y el flujo constante de camiones de gran porte —a pesar de que la Municipalidad dictó el pasado 3 de septiembre la resolución de paralización total de las actividades de la planta asfáltica—, los indignados residentes protagonizaron ayer una firme pero pacífica manifestación en el lugar

La protesta ciudadana surge para repudiar a la empresa Consorcio Victoria, que se instaló a escasos metros de las viviendas familiares, continúe operando a espaldas de los controles mientras las respuestas institucionales se entrampan en la burocracia.

¿Qué leyes e infracciones legales comprometen al Consorcio Victoria?

Más allá de la evidente transgresión a la ordenanza municipal del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) que regula el uso de suelo y prohíbe actividades industriales de esta categoría en zonas residenciales, la instalación y funcionamiento de la planta asfáltica bajo estas condiciones vulnera un importante abanico de disposiciones legales que las autoridades municipales deberán llevar en cuenta para una decisión final.

1. Ley N° 294/93 «De Evaluación de Impacto Ambiental» y su Decreto Reglamentario N° 453/2013: Exige la obtención previa y legítima de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, el propio proceder de la firma deja serias dudas sobre cómo obtuvo habilitaciones ambientales sin contar con los requisitos municipales – según el propio Juez de Faltas municipal – previos indispensables a nivel local.
2. Ley N° 716/96 «Que sanciona los delitos contra el medio ambiente»: Sanciona penalmente las actividades generadoras de contaminación atmosférica, sonora y de suelos que pongan en peligro la salud de las personas y el equilibrio ecológico, un escenario de agresión constante denunciado por los vecinos.
3. Ley N° 836/80 «Código Sanitario»: Establece que el Estado y los municipios deben velar implacablemente por la salud pública, prohibiendo la radicación de industrias insalubres o peligrosas en zonas urbanas habitadas.

La postura del Juzgado de Faltas: Empresa en falta y un dictamen que tardará un mes

Tras indagar en los pasillos del edificio municipal sobre el estado del caso, sanlorenzopy.com acudió al Juzgado de Faltas. En entrevista con este medio, el Juez de Faltas de medio ambiente, Diego Armando Rolón, confirmó de forma categórica que la empresa está en total falta con los reglamentos municipales, admitiendo además que el expediente llegó a su oficina 18 días despues de que la municipalidad tomara conocimiento del hecho.

El magistrado municipal detalló a sanlorenzopy.com que el sumario administrativo —que abarcará la revisión de documentaciones, las multas y la ejecución de medidas— demorará aproximadamente un mes más en arrojar un dictamen definitivo.

Asimismo, el juez puso sobre la mesa un grave cuestionamiento institucional al revelar que la firma cuenta llamativamente con un estudio de impacto ambiental del MADES pese a carecer de los documentos municipales obligatorios: «No sé cómo consiguieron eso sin contar con los planos aprobados y sin patente a nombre de la empresa», cuestionó Rolón[cite: 1], dejando al descubierto un preocupante vacío de control y coordinación en las habilitaciones.

Vecinos unidos por el derecho a respirar aire puro

Mientras la burocracia institucional dilata una resolución definitiva y el Juzgado de Faltas estipula plazos de un mes para dictaminar, la realidad en el territorio es alarmante. Los pobladores denunciaron que la clausura temporal anunciada por la Comuna parece una «clausura de mentira», ya que continúan registrando movimientos internos y el ingreso de camiones de gran porte en el predio.

Durante la manifestación pacífica, los habitantes reafirmaron que no darán el brazo a torcer: exigen el cese definitivo de las actividades y la reubicación de la planta, defendiendo con firmeza su derecho irrenunciable a vivir en paz y con aire puro en sus hogares.