Por Daniel Vargas
La desidia y la morosidad burocrática de la Municipalidad de San Lorenzo vuelven a quedar en evidencia ante graves irregularidades ambientales. A pesar de que el pasado 24 de agosto funcionarios fiscalizadores se presentaron para ejecutar una supuesta clausura «temporal» de una planta de asfalto instalada en Reducto en violación flagrante de las normativas vigentes —incluida la ordenanza del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT)—, el caso se encuentra virtualmente congelado en los pasillos de la institución.
Esta mañana fuimos hasta el edificio municipal para indagar sobre el expediente. La respuesta inicial reflejó el desgobierno interno: el abogado José Macedo, de Asesoría Jurídica, admitió que dicha dependencia «no sabe nada» del caso debido a que el legajo se encontraba en Secretaría General.
El expediente durmió 18 días y el juez recién se entera
Nuestro director señaló directamente al juez de faltas de medio ambiente, Diego Armando Rolón, que pese a que la empresa por un lado pisoteó la ordenanza del POUT, al mismo tiempo se pisoteó la salud y la calidad de vida de los vecinos y contribuyentes, el expediente todavía no haya sido abierto formalmente, evidenciando que no le dieron la importancia debida al caso.
Ante esto, el magistrado respondió que recién ayer martes tuvieron conocimiento del hecho, ya que el expediente recién se giró a su oficina. Al consultársele por qué tardó tanto y a cargo de quién estuvo el caso durante este tiempo, Rolón evadió dar certezas: «No sé si a Asesoría Jurídica o a los fiscalizadores que fueron a clausurar la planta de asfalto», admitió, confirmando que él recién está enterado del problema. Añadió que el sumario administrativo —que abarcará documentaciones, ejecución y multas— demorará aproximadamente un mes más en arrojar una sentencia.
El misterio del Estudio de Impacto Ambiental del MADES
Durante la entrevista, el propio juez de faltas puso sobre la mesa un interrogante alarmante sobre los permisos con los que cuenta la firma. Rolón señaló que resulta insólito que la empresa disponga de un estudio de impacto ambiental cuando los requisitos obligatorios para obtenerlo exigen planos aprobados por la municipalidad y patente local municipal, pero ambos documentos municipales no fueron solicitados:
«No sé cómo consiguieron eso sin contar con los planos aprobados y sin patente a nombre de la empresa», cuestionó el magistrado.
Lo verdaderamente grave y anómalo del caso es que, si la propia Municipalidad de San Lorenzo confirma que la planta no tiene planos aprobados ni patente comercial al día, surge la gran incógnita: ¿Cómo y por qué el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) otorgó el certificado de Declaración de Impacto Ambiental? Esto deja al descubierto un posible circuito de habilitaciones irregulares que salta los controles locales, al menos en documentos.
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Unirme ahoraVecinos denuncian burlas a la clausura
Mientras la burocracia municipal se pasa la pelota entre oficinas y el Juzgado de Faltas recién comienza a estudiar el caso, la realidad en el territorio es alarmante.
Pobladores de la zona avisaron a nuestra página que, pese a estar teóricamente clausurada por la municipalidad, la planta de asfalto sigue con un intenso movimiento de camiones de gran porte ingresando por un sector opuesto al portón principal. La falta de control real y la lentitud institucional exponen a los vecinos a una permanente contaminación ambiental bajo el manto de la impunidad.
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