A pesar de haber confirmado cobros ilegales y deficiencias en el servicio, el ente regulador aún no entrega una respuesta formal a los usuarios. Los afectados denuncian que las quejas «mueren en los cajones», impidiéndoles elevar el caso a instancias judiciales y avanzar denuncia realizada en la SEDECO.
Más de 150 días (cinco meses y 16 días) han pasado desde que los usuarios de la aguatera “La Familia” de Calle’i San Lorenzo presentaron una nota formal ante la Entidad Reguladora de Servicios Sanitarios (ERSSAN). Hoy, el sentimiento de los afectados es de absoluta indefensión: una denuncia que incluye maltratos, sobrefacturación y servicio deficiente parece haber quedado estancada en la burocracia estatal.
Un expediente que «muere» en el olvido
El 25 de septiembre del año pasado (más de cinco meses), los usuarios entregaron un documento detallando cinco puntos críticos:
- Aumento ilegal de tarifas.
- Sobrefacturaciones excesivas.
- Cortes constantes en la provisión de agua.
- Maltrato sistemático a los usuarios en ventanilla.
- Irregularidades en la lectura de medidores.
La ausencia de un dictamen por escrito es el principal obstáculo para los ciudadanos. Según explican los referentes del grupo de afectados, sin ese documento oficial no pueden avanzar en la SEDECO, la Municipalidad o la Justicia Ordinaria. La percepción general es que la denuncia «muere en algún cajón de la ERSSAN», beneficiando por omisión a la empresa prestadora.
Confirmación de cobros indebidos
Durante el diálogo con Daniel Vargas Telles, el abogado Leiva confirmó que las fiscalizaciones técnicas de la ERSSAN dieron la razón a los usuarios en cuanto a los costos: se constató un aumento irregular en la tarifa.
«Corroboramos el aumento y se intimó al prestador. La empresa se comprometió a devolver lo cobrado en demasía en los ciclos de marzo y abril», afirmó Leiva.
Sin embargo, esta «promesa» de devolución —que podría ser en efectivo o crédito en facturas— no convence a los usuarios, quienes exigen sanciones más severas y una fiscalización real sobre todo a las denuncias de sobrefacturación que (según nota entregada a la ERSSAN DE Gs. 50.000 y 80.000 mensualmente (costo ya elevado), pasaron a tener que abonar; Gs.
200.000, 300.000, 500.000 e inclusive llegando al millón de guaraníes en algunos casos. Sobre este tema, Leiva evitó abordar.
Calidad del agua y posibles delitos ambientales
Pese a que Leiva sostuvo que el agua es «apta para el consumo humano» según laboratorios móviles, la entrevista sacó a la luz una grave arista: la denuncia realizada por nuestro diario que, en fecha 30 de setiembre del año pasado, publicó una información titulada Pese a planta de tratamiento, aguas negras son vertidas al arroyo Solís en San Lorenzo donde se pudo constatar que aguas negras eran vertidas en dicho cauce hídrico, uno de los alimentadores del Lago Ypacaraí. Incluso, habría un pozo artesiano a metros de la supuesta planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Ante esta consulta, el director de Gabinete admitió desconocer el caso, pero se comprometió a derivar la denuncia a las instancias pertinentes.
Respecto a la posible contaminación del arroyo, llamativamente, cerca del mediodía unas horas despues de la entrevista se pudo constatar la presencia de una camioneta de ERSSAN en la zona de la planta de tratamiento por nuestra página de noticias.
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Unirme ahoraLa promesa de «revisar el expediente»
Al ser cuestionado sobre por qué no se ha respondido formalmente a los usuarios respecto a la nota de septiembre, el funcionario se limitó a señalar que «revisará el estado del expediente» para localizar la notificación pendiente.
Mientras la ERSSAN mantiene una «carpeta abierta» y analiza si abrir o no un sumario administrativo, los usuarios de «La Familia» siguen pagando por un servicio que cuestionan y esperando que el ente regulador finalmente cumpla su función de proteger al ciudadano y no a la empresa.
Para «click» en letras rojas 👇
Hay pruebas de que usuarios vienen realizando protestas por abuso en las facturas desde años atrás (año 2016).
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