Contraloría señala doce graves irregularidades en dos obras hechas durante el 2020. ¡Eso que aún falta resultado de más investigaciones realizadas por los auditores!
Ya lo veníamos publicando desde hace meses, y –lamentablemente- volvimos a tener toda la razón. En este caso se trata de dos famosas obras realizadas por el Intendente Municipal de San Lorenzo, las “14 Plazas de Oro” y la “Caseta de oro”.
Con respecto a estas criticadas obras públicas municipales, un dictamen preliminar hecho por auditores de Contraloría General de la República habría detectado nada menos que 12 graves irregularidades cometidas por el intendente Alcibíades Quiñones durante el año 2020. Ya con anterioridad ambos casos -las “14 plazas de oro” y la “caseta de oro”- habían sido denunciados ante la Contraloría y la fiscalía de delitos económicos, ante el clamor popular que “a simple vista” se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo: grandes gastos municipales para la realización de obras inexistentes o, en último caso, notoriamente defectuosas.
Si el dictamen preliminar de los auditores termina de comprobarse –cosa que parece inevitable y evidente- la comisión de estas graves irregularidades tendrían fuerte eco en la Honorable Junta Municipal, cuyo colegiado acaba de aprobar “in totus” el informe presentado por el Administrador del Municipio. De hecho, ya veníamos publicando nuestra sorpresa ante la ligereza con que el legislativo municipal aprobó el balance de la gestión presupuestaria del año 2020. Informamos nuestra inquietud ante una evidente desprolijidad de la Junta, que –de manera prepotente y usando una mayoría cómplice- aprobaba antes de analizar, y aceptaba sin mirar.
No era una mentira periodística –como aseguraba cierto edil- ni mucho menos, bastaba con mirar documentos públicos que revelaban el extraño accionar de algunos concejales que tuvieron el tupé de aprobar todo, y luego de haber aprobado recomendar la aprobación. No solo eso: sino que además hicieron que los asesores dictaminaran aprobar lo que ya hacía una semana que se había aprobado. Peor aún: los concejales que votaron como “aplanadora” en la Sesión Ordinaria, también dictaminaron como “aplanadora” en las Comisiones Asesoras que ellos mismos manipulan. Y lo hicieron con tremendo desorden, ya que se recomendaron –ellos mismos- aprobar… algo que ya habían aprobado hacía más de una semana ante las cámaras y ante la opinión pública.
Sin embargo no podemos culpar a todos los concejales de este mamotreto administrativo, jurídico y legislativo: en la sesión ordinaria durante la cual se aprobó alegremente todo lo gastado por el Intendente, hubo un concejal que rechazó tajantemente y en alta voz el informe presentado por el Intendente: el liberal Fredy Franco. Pero no fue el único –y aquí viene la parte más escandalosa- ya que dos concejales colorados se abstuvieron de votar porque no habían tenido acceso a ningún documento respaldatorio, ni al informe presentado por el Intendente municipal. Nos referimos a Nelson Peralta y Carlos Ferreira, quienes públicamente manifestaron “que no podían aprobar ni rechazar lo que no habían visto ni conocían”. Ambos concejales son miembros de las famosas “comisiones asesoras”, pero no tuvieron acceso al informe que, debían dictaminar. Ni siquiera durante la Sesión Ordinaria pudieron acceder a dicha información: y estamos hablando de información que debe ser de conocimiento público, pero que en la realidad se maneja como secreto de logia.
Mientras esto ocurría, el presidente de la Corporación manifestaba públicamente que se consideraba “ultrajado” por nuestras publicaciones, y que “lamentaba que se mancillara el buen nombre de las damas que forman parte de la corporación”. Aseguraba que “conocía la justicia” –velada forma de amenaza- tratando de callar las denuncias escritas contra el actuar de la Administración, y de aquellos que no cumplían con su deber de vigilar el dinero público. Se irritaban algunos legisladores, ante la publicación de caricaturas que solo reflejaban el creciente malestar de la ciudadanía, cuando la realidad de sus actos estaría evidenciando algo mucho más grave.
El pasado 27 de enero, todos nos preguntábamos:
- ¿Qué estaba pasando en la Junta Municipal?
- ¿Por qué el Presidente se negaba a mostrar el supuesto informe presentado por el Intendente Municipal?
- ¿Existía realmente ese informe, o trataban de simular su presentación para cumplir los plazos de ley?
- ¿Estaban complotados los nueve concejales y concejalas para aceptar dicha rendición de cuentas a votazo limpio?
- ¿Por qué tanto secreto con algo que –por ley- es de conocimiento público?
Y estas preguntas preocupaban a vecinos, a periodistas, a contribuyentes y hasta a tres concejales. ¡Insólito!
Cabe acotar que –raramente- los auditores de CGR solo se remitieron al estudio de las documentaciones propias desde el proceso de contrato entre la Municipalidad de San Lorenzo y las dos empresas adjudicadas para llevar adelante las obras. Todavía no consta que hayan realizado ningún estudio in situ, con referencia a la calidad de los trabajos realizados. Si esto se hiciera, el informe sería mucho más grave: la dura realidad nos muestra con testimonios de centenares de vecinos y con evidencias fotográficas debidamente documentadas que la mayoría de los gastos realizados no corresponden a obras reales o existentes, salvo aquellas que por su calidad distan mucho de lo que se informa. En algunos casos –incluso- se ha denunciado la “realización” de obras que ya existían.
ESO ES APENAS UNA PARTE DE TODO LO QUE LA JUNTA MUNICIPAL APROBÓ AL GALOPE. Y SEGÚN LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES… YA ESTABAN GALOPANDO MUCHO ANTES DE SUBIRSE AL CABALLO.
No obstante, sólo con analizar estas documentaciones ya se habrían encontrado 12 hechos sumamente graves cuya inminente comprobación significaría la comisión de varios delitos contra el erario público. La posible violación de varias leyes de la nación que los jueces y fiscales, si cabe, podrían llegar a calificar como robo, malversación, sobrefacturación, defraudación, estafa, simulación, encubrimiento, etc.
Aquí los posibles atentados cometidos contra el dinero del pueblo
- El Programa Anual de Contrataciones (PAC), de la municipalidad de San Lorenzo, del ejercicio fiscal 2.019, no contiene los requisitos mínimos exigidos en el decreto 3.719/2.015.
- Deficiente justificación de la necesidad de la contratación, para el mejoramiento de plazas, considerando que no consta el INFORME TÉCNICO, de relevamiento de necesidades, del área responsable de la Dirección de Obras.
- Deficiencia en la aplicación de los criterios dispuestos, en la Resolución DNCP 411/18, a los efectos de la determinación de los COSTOS ESTIMADOS.
- No consta documento, que demuestre la comunicación a la DNCP, del registro de firmas, de los responsables de la suscripción de los certificados de DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
- Tanto la Intendencia Municipal, como la Junta Municipal, no emitieron Resolución de aprobación de las 8 Adendas del PBC (el intendente municipal, remitió solo una Adenda).
- INCONSISTENCIAS, en la emisión del Informe de Evaluación, por parte del Comité, procediendo a descalificar a firmas oferentes, sin las explicaciones detalladas, de las causales.
- No se visualizó el INFORME TÉCNICO, de las especificaciones técnicas, que debía realizar el Comité Evaluador.
- La notificación de adjudicación al oferente, se realizó con 10 días calendarios, posteriores a la adjudicación del llamado.
- La nota de comunicación de Adjudicación remitida a la DNCP, fue EXTEMPORÁNEA.
- No se observó DICTÁMEN jurídico, de la institución, previo a la suscripción del Contrato, conforme al Art. 318, Ley 3966/10, Orgánica Municipal.
- No se RESPETÓ, lo establecido en la Ley 2051/03, Contrataciones Públicas, Art. 36, Formalización de Contratos.
- Falta de publicación en el Portal de Contrataciones Públicas de los PAGOS, efectuados al proveedor adjudicado, en el marco de la Contratación de Referencia (en ninguna de las adjudicaciones de esta administración, se publica, los pagos realizados, lo que genera dudas).
Nada de esto vieron los “Honorables Concejales Municipales de San Lorenzo” a quiénes les pagamos 13 veces más que a cualquier asalariado para que “cuiden de nuestra plata”. Los más de 27 palos que nosotros les pagamos cada mes no les alcanzan siquiera para reunirse a trabajar como es debido. Las famosas “comisiones asesoras” en las que ellos deberían reunirse durante toda la semana no se realizan: los lunes cocinan todo, y los miércoles aprueban lo cocinado. No tienen tiempo para cumplir con sus obligaciones.
No obstante hay en la Municipalidad personas que trabajan en las calles –diariamente y duramente- y no cobran ni la mitad de un sueldo mínimo. Ni siquiera tienen estabilidad laboral.
Pero estos “Honorables Privilegiados”, que cobran una millonaria “dieta” mensual ni siquiera cumplen con su diaria obligación para con el pueblo. Ni siquiera cuidan lo que se les confió. Peor aún… se asocian para unirse al robo descarado que sufren nuestras arcas municipales y, encima, encubren y ocultan todo.
Y dicen, que conocen a la Justicia…
