¡Quien nos defiende!
Por Gustavo Díaz
¡Quien no ha adquirido alguna cosa dañosa directamente del fabricante o productor!, o para hacerlo en términos sencillos. A más de uno le ha sucedido traer productos vencido o en mal estado del supermercado, autoservice, ¡el almacencito de la esquina!, sin percatarse; en el peor de los casos, cuantas peleas con aquellos que se rehúsan a la devolución, asimismo, una cadena de situaciones embarazosas…
Escuchaba una entrevista mantenida por la compañera Gloria Blanco, por Radio Nuevo Mundo (el 17 de mayo), donde la cronista consultaba a la jefa de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de San Lorenzo, Cristina Jara, la situación de dicha dependencia municipal. Las penurias e impotencias se reflejaban en sus expresiones; señalaba impotentemente, “que se hace lo que se puede”, insistía una y otra vez, “en la necesidad de contar con un automóvil, que pueda trasladarlos hasta el lugar requerido, que todas las intervenciones son llevadas a cabo caminando, hasta llegar al objetivo, que en los barrios ya no se realiza ninguna intervención por falta de vehículo”, además, sentencio que es una dependencia que no se conoce.
Ya no es de extrañar tal vez esta realidad, una circunstancia al cual nos tienen muy bien acostumbrados, producto de la falta de interés en lograr una política adecuada de su organización y planificación ( salud, cultura, ambiente, infraestructura pública y servicios, desarrollo productivo, humano, social ), que, anualmente el municipio debería demostrar una mejor definición de sus respectivos objetivos, dando a conocer al público; sin embargo, carecen en demostrar en el más amplio sentido, una visión importante de su consideración del interés público, en nombre del cual justificarían alguna acción.
No solo Cristina Jara, es autora de “Necesito herramientas para trabajar”, también la Directora de Acción Social Teresa Morales de Villalba, en varias entrevistas, ha citado sus respectivas carencias, coincidentemente con la necesidad de contar con un vehículo para sus pertinentes trabajos, ni hablemos del aspecto informático, en fin.
La situación en tan vergonzosa, que (según fuentes oficiales) ni siquiera hasta el momento se ha elaborado una ordenanza que regule los intereses del consumidor, “la pregunta”: ¿Quién nos protege?, ¡El chapulín colorado! No…
Oportuno recordar, que contamos con una ley de Defensa al consumidor Ley 1334/98, “disponiéndose con XV capítulos y 54 artículos”. Importante recordar a los concejales que dicha ley, en su artículo 48, señala – Que, “incumbe al Estado, las gobernaciones y municipalidades, la formulación de planes de educación para el consumo y su difusión pública, fomentando la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y la participación de la comunidad en ellas”.
Los señores ediles deberían tomarse la paciencia de realizar un pequeño esfuerzo intelectual, creando mínimamente una ordenanza, que proteja al consumidor, exigiendo, a la intendencia su cumplimiento.
El ejecutivo municipal debería llevar una mejor aplicación de sus supuestas estrategias, o cambiarlas, con la finalidad de resolver sus ya conocidas deficiencias, instituyendo planes de inversión, a las distintas dependencias, en este caso, Defensa al Consumidor.
