¡Basta de complicidad! Vecinos pagan sus impuestos para ser protegidos, no para ser envenenados

Por Daniel Vargas

Lo que ocurre en el barrio Lérida de San Lorenzo ya no se puede calificar únicamente como un atropello empresarial; es una demostración abierta de complicidad municipal, ceguera institucional y absoluto desprecio hacia la vida humana. Los nuevos datos e informes técnicos surgidos de la propia Comuna confirman la peor de las sospechas: la empresa Consorcio Victoria opera una planta de asfalto en una zona residencial en total clandestinidad, sin patente comercial, sin planos aprobados y en flagrante violación del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT).

Al no poseer patente ni planos autorizados, la firma ni siquiera tributa ni aporta un solo guaraní al municipio. Mientras el vecino de Lérida paga sus impuestos con la esperanza de recibir servicios básicos y protección, la Comuna permite que un privado opere gratis, al margen de la ley y a costa de la salud de la población. Pagamos impuestos para ser protegidos y vivir con dignidad, no para ser envenenados bajo el amparo del poder local.

¿Cómo es posible que una infraestructura industrial de enorme envergadura se instale, encienda sus maquinarias y comience a despedir vapores, polvos y olores tóxicos a metros de los hogares sin que ninguna autoridad se haya percatado? Por si fuera poco, existen señalamientos de que la firma contaría incluso con el RUC cancelado ante la Administración Tributaria. Pese a este entramado de irregularidades y a la nota formal presentada con suma urgencia por la comisión vecinal el pasado 26 de agosto, la planta sigue trabajando hoy con total normalidad e impunidad, como si las autoridades municipales no existieran o, peor aún, como si la salud del barrio les importara en lo absoluto.

El marco legal que la Comuna prefiere ignorar

Las autoridades municipales no pueden alegar ignorancia ni pretender lavarse las manos «esperando dictámenes» mientras la población enferma. La Ley Orgánica Municipal N.º 3966/10 confiere al Municipio el deber ineludible de garantizar el ordenamiento territorial y velar por la salud e higiene pública. Al permitir que se viole impunemente el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT), el intendente interino Hugo Lezcano y gran parte del equipo del intendente con permiso Felipe Salomón, pisotean sus propias herramientas de gestión y control urbano.

El argumento de poseer una declaración de impacto ambiental nacional es una falacia que no sostiene lo indefendible: ningún documento del Ministerio del Ambiente exime a una empresa de la obligación de someterse al régimen tributario municipal, obtener patentes y, sobre todo, respetar la zonificación residencial. Operar sin pagar tributos y sin aprobación de planos es un delito administrativo que la Municipalidad debió cortar de raíz con el uso de la fuerza pública en el primer minuto.

Además, la operación ilegal vulnera la Ley N.º 5211/14 de Calidad del Aire y la Ley N.º 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, que amparan el derecho constitucional de los ciudadanos a habitar un ambiente saludable (Art. 7.º de la Constitución Nacional). Es aún más repudiable que esta contaminación afecte de forma directa a sectores altamente vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad certificada que viven a escasos metros de las instalaciones y deben soportar cefaleas, vómitos, picazón de garganta y vibraciones que resquebrajan sus viviendas.

Basta de tibieza: Las autoridades deben responder

El Intendente y los integrantes de la Junta Municipal no están en sus cargos para servir de escudo protector o ser permisivos con empresas infractoras. Su obligación constitucional, legal y moral es velar por la calidad de vida de las familias de San Lorenzo. Cualquier intento de «arreglar» o formalizar este esperpento industrial a espaldas de la comunidad será interpretado como una traición abierta a los contribuyentes.

El expediente ya está en el Juzgado de Faltas Municipales y en la Dirección de Planificación. Los vecinos no piden prórrogas ni mesas de diálogo estériles: exigen la clausura inmediata, definitiva y el desmantelamiento de la planta asfáltica ilegal. Las autoridades municipales tienen la palabra y la responsabilidad de demostrar de qué lado están: si de la ciudadanía que sostiene al municipio con sus impuestos o de la impunidad de quienes nos contaminan.