La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, elevando de 8 a 10 años el tope de la pena privativa de libertad para menores de edad que cometan hechos punibles calificados como crímenes extremadamente graves. El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La plenaria de la Cámara Baja decidió ratificarse en su propuesta original de establecer un límite de 10 años, rechazando la postura de la Cámara de Senadores, que pretendía elevar la sanción máxima hasta los 15 años de cárcel.
La diputada sanlorenzana Dalia Estigarribia (PLRA-Central), quien preside la Comisión de Niñez y Adolescencia, argumentó a favor de ratificar la versión de Diputados. La legisladora señaló que la iniciativa surge ante realidades dolorosas que el Estado no puede ignorar, buscando un equilibrio entre la firmeza ante el delito y la naturaleza del fuero juvenil.
“En la Cámara de Diputados aprobamos 10 años de pena privativa y la Cámara de Senadores aumentó a 15. Este proyecto nace de una realidad que no podemos ignorar como Estado. Existen situaciones donde adolescentes cometen hechos extremadamente graves que generan dolor en las familias y preocupación en toda la sociedad, frente a eso debemos tener una respuesta firme, responsable y acorde a la realidad de los hechos”, expresó Estigarribia.
En busca de la reinserción
La parlamentaria de Central fundamentó que la propuesta de los 10 años busca que existan consecuencias claras y proporcionales cuando hay agravantes, pero recordando que, al tratarse de adolescentes, el fin último de la justicia debe contemplar la rehabilitación.
“El objetivo de la Justicia no puede ser solo castigar, sino trabajar para evitar que vuelvan a cometer hechos que dañen a otros y a ellos mismos, teniendo en cuenta que a los 30 años ya estarían libres nuevamente. Esta modificación también contempla la educación, el acompañamiento, la reinserción y la evaluación del adolescente infractor”, defendió.
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