El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) debe investigar con máxima seriedad los fuertes cruces registrados entre un grupo de vecinos y el responsable de la Unidad de Salud Familiar (USF). Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a aclarar las denuncias de graves conflictos internos que, según el propio director, afectan el normal funcionamiento del centro asistencial y ponen en riesgo la calidad de la atención médica.
Una tensa jornada se vivió en las inmediaciones de la Unidad de Salud Familiar (USF) María Auxiliadora del barrio San Isidro de San Lorenzo, donde un grupo de ciudadanos —en su mayoría personas de la tercera edad— se congregó para manifestar su descontento y denunciar presuntos hechos de maltrato por parte del médico encargado y director de la institución.
La movilización, que quedó registrada a través de un video en directo en nuestra página del Facebook, expone el creciente malestar de un sector de la comunidad respecto a la calidad de la atención recibida. De acuerdo con los reclamos de los manifestantes, existirían situaciones de discriminación y respuestas inadecuadas hacia los pacientes que acuden al centro asistencial, razón por la cual ya habrían remitido una nota formal al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) solicitando el traslado del profesional.
La versión del director: «Son personas arreadas por cuestiones políticas»
En una entrevista, el director de la USF rechazó categóricamente las acusaciones de maltrato o discriminación. Al ser consultado sobre la nota enviada por los denunciantes, el médico explicó que, tras revisar el documento que contenía unas 27 firmas, constató mediante el sistema informático del ministerio que 23 de los firmantes ni siquiera figuran como pacientes registrados de la unidad, ni pertenecen al área de cobertura.
«Yo no niego que les haya pedido repetir estudios en el laboratorio del sector público, como el Hospital de Calleí, porque he tenido problemas de confiabilidad con los resultados de un laboratorio privado de la zona. Mi deber es asegurar un diagnóstico certero para no dar un tratamiento equivocado», argumentó el profesional, justificando así uno de los puntos que originó la queja de un paciente.
El director también atribuyó la protesta a un «circuito de conflicto interno» provocado por la falta de apoyo de algunos compañeros de trabajo y de coordinadores de programas como el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), quienes presuntamente le impiden realizar vacunaciones en el turno tarde. «Tengo el apoyo total de mis verdaderos vecinos y pacientes. La gente que está haciendo este circo afuera son personas arreadas de otros lados por cuestiones políticas», enfatizó, asegurando además que ya presentó su descargo formal ante las autoridades sanitarias y que no teme a un eventual traslado: «Soy un trabajador y puedo cumplir funciones en cualquier parte del país».
Una situación que exige la intervención urgente del Ministerio de Salud
Más allá del cruce de acusaciones y de las justificaciones técnicas o políticas de cada sector, este tipo de conflictos en el seno de la atención primaria enciende las alarmas sobre el estado de la salud pública local.
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Unirme ahoraResulta inadmisible que un centro de atención médica, concebido como el primer eslabón para garantizar el bienestar de la ciudadanía, se convierta en un escenario de disputas, sospechas de laboratorios y reclamos de la tercera edad. Las autoridades del Ministerio de Salud tienen la obligación de investigar esta situación con la máxima seriedad, rigurosidad y transparencia. La salud de la población no puede quedar de rehén ante problemas de gestión interna o rencillas comunitarias. Es hora de que se auditen los procesos, se verifiquen las condiciones de atención y se devuelva la tranquilidad y la confianza a los usuarios que día a día acuden en busca de asistencia digna.
