Debe ser al servicio del pueblo, no de los transportistas

Por: Daniel Vargas

El transporte público interno en San Lorenzo ha dejado de ser un servicio esencial para convertirse, una vez más, en el escenario de un abuso intolerable contra la ciudadanía. Lo ocurrido en los últimos días no solo desnuda el desprecio de ciertos sectores empresariales hacia la legalidad, sino también la alarmante y complaciente lentitud de las autoridades municipales, quienes parecen olvidar que su salario y su función se deben al pueblo, no a los intereses corporativos.

El pasado viernes 8 de mayo, de manera unilateral e ilegal, las empresas de transporte interno decidieron aumentar el precio del pasaje. Lo hicieron sin autorización, sin previo aviso técnico y violando flagrantemente el marco regulatorio vigente. Ante este atropello, la reacción de la Junta Municipal fue el silencio y la inacción. Con dietas mensuales que superan los 25 millones de guaraníes —una cifra que los obliga a estar a la altura de las urgencias de la ciudad—, los concejales no se «molestaron» en convocar a una sesión extraordinaria de manera inmediata. Pudieron haberlo hecho el sábado 9 o el domingo 10; la gravedad de la situación lo ameritaba.

Sin embargo, prefirieron otorgar cinco días de gracia a la ilegalidad. Durante casi una semana, los sanlorenzanos sufrieron un «asalto» silencioso a sus golpeados bolsillos en cada viaje. Recién el miércoles 15 de mayo, la Junta Municipal se dignó a tratar en plenaria lo que ya era un secreto a voces, ratificando la plena vigencia de la Ordenanza Municipal N° 05/22, que establece el costo del pasaje en G. 2.800.

El mensaje implícito que deja la municipalidad al actuar de forma tan tardía es peligrosamente nocivo: da la sensación de que las empresas de transporte pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, y que las normativas locales son simples sugerencias que se pueden ignorar sin consecuencias.

La burla continúa en las calles

Pero lo peor y más grave de esta situación es que la ilegalidad sigue impune sobre el asfalto. Aunque la Junta Municipal haya aclarado de forma oficial la vigencia de la tarifa y el propio Ejecutivo Comunal haya publicado una aclaratoria institucional, en la práctica, esto se ha convertido en letra muerta. La mayoría de los conductores sigue exigiendo de manera prepotente el cobro de G. 3.500 por cada pasaje, demostrando un absoluto desprecio por las disposiciones de las autoridades. Para estos sectores, lo que dictamine el gobierno municipal simplemente no importa.

Esta anarquía está generando un clima de alta tensión social. En nuestra redacción ingresan de forma constante las legítimas denuncias e inquietudes de los usuarios, quienes reportan fuertes discusiones entre conductores y pasajeros a la hora de pagar el pasaje. Algunos ciudadanos, consciente de su derecho y de la ordenanza vigente, se planta ante el cobro indebido, encontrando muchas veces violencia verbal como respuesta.

Es una realidad innegable que la suba del gasoil golpea fuertemente la estructura de costos de los propietarios de buses y que los conductores de estas unidades tienen familias que mantener en un contexto de inflación creciente. Nadie pide que el sector transporte trabaje a pérdida. Sin embargo, el camino jamás será la anarquía, el atropello ni la política de los hechos consumados. Si el análisis técnico demuestra que amerita un reajuste, este debe darse bajo los canales institucionales correspondientes y debe ser justo para ambas partes.

Un corte definitivo antes de que sea tarde

Las autoridades municipales deben dar un corte definitivo e inmediato a este problema. No pueden seguir siendo espectadores pasivos de un conflicto que ellos mismos alimentaron por su inacción inicial. Es urgente que la Intendencia active los mecanismos de fiscalización (permanente, no sólo un día) y sanción en las calles de manera rigurosa. Esta situación debe terminar de inmediato, antes de que el roce verbal en un colectivo pase a mayores y tengamos que lamentar consecuencias trágicas que se pudieron evitar con firmeza institucional.

El costo de vida es cada vez más alto para el usuario como para que encima deba soportar unidades obsoletas, maltratos recurrentes y las peligrosas carreras. El ordenamiento de San Lorenzo exige autoridad. Las leyes se hicieron para cumplirse y el bolsillo del trabajador no es el amortiguador de la informalidad. La defensa de las normativas y el interés del bien común deben primar siempre, por encima de cualquier complicidad o conveniencia política.

¿Qué está esperando el gobierno municipal para bajarse de sus cómodos escritorios y defender a los ciudadanos que pagan sus millonarios sueldos, o es que acaso el transporte ilegal manda más que la propia ley en San Lorenzo?