A 37 años del fin de la dictadura: cuando la Constitución vuelve a estorbar al poder

Cada aniversario del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner debería servirnos para algo más que recordar una fecha del calendario. Debería obligarnos a mirar con atención el presente. Porque en Paraguay, las dictaduras no siempre regresan con botas ni discursos encendidos: avanzan cuando el poder empieza a sentirse incómodo con la Constitución.

Durante 35 años, el país vivió bajo un régimen donde la ley estaba al servicio del autoritarismo. No había debate real, no había controles y disentir tenía consecuencias. La Constitución de 1992 nació justamente para que eso no vuelva a ocurrir: para poner límites claros al poder y garantizar derechos que no dependen del gobierno de turno.

Hoy, sin embargo, esos límites parecen volver a estorbar.

La denominada “ley garrote” es un ejemplo contundente. Una norma que vulnera derechos constitucionales básicos como la libertad de asociación, la libre expresión y la participación ciudadana, y que coloca a la organización social bajo sospecha permanente. Cuando el Estado empieza a ver a la ciudadanía organizada como una amenaza y no como un pilar democrático, la democracia comienza a debilitarse.

No es una apreciación aislada. La Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay advirtió que la mayoría oficialista en el Congreso viene adoptando decisiones que violan preceptos constitucionales, imponiendo marcos normativos sin el debate serio que exige una república. Cuando el Parlamento renuncia a deliberar y se limita a obedecer mayorías circunstanciales, la representación popular se vacía de contenido.

A esto se suman hechos graves, como la remoción de representantes en organismos constitucionales, entre ellos el Consejo de la Magistratura, y el caso de la ex senadora Kattya González, ampliamente cuestionado por su trasfondo político y por las violaciones al debido proceso. Cuando la institucionalidad se utiliza para castigar la disidencia, el mensaje es claro: quien incomoda, paga.

Pero el avance no es solo legislativo o institucional. También se expresa en hechos concretos que afectan derechos básicos. El caso de Esther Roa, detenida por leer un comunicado en la plazoleta del Palacio de Justicia, es una señal alarmante. Leer un texto, manifestarse pacíficamente, ejercer la palabra en un espacio público no debería ser motivo de detención en democracia. A esto se puede sumar varios intentos de atropello a la Constitución Nacional que ya realizó el actual gobierno, donde la lectura se puede interpretar que Cuando se empieza a criminalizar la expresión y la protesta y otros hechos que atentan contra la democracia, el autoritarismo deja de ser una hipótesis y empieza a tomar forma.

Otro paso silencioso, pero no menos peligroso, es la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo artículo 24 amenaza con anular en la práctica la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. Bajo el argumento de proteger datos, se abre la puerta a la opacidad, debilitando una de las principales herramientas de control ciudadano sobre el poder.

Nada de esto ocurre de manera aislada. Las dictaduras no se instalan de un día para otro. Se construyen paso a paso, normalizando el atropello, relativizando la Constitución y convenciendo a la sociedad de que reclamar derechos es exagerado, molesto o innecesario.

Recordar a Stroessner no es vivir anclados al pasado. Es memoria activa. Paraguay ya conoce el costo del silencio, de la indiferencia y de mirar hacia otro lado. Defender hoy la Constitución, las leyes y las libertades no es una consigna partidaria: es una responsabilidad política y ciudadana.

Porque cuando el poder deja de aceptar límites, cuando la Constitución pasa a ser un estorbo y no un mandato, el camino que se abre no es nuevo. Y si no reaccionamos a tiempo, mañana ya no habrá aniversarios que recordar, sino derechos que lamentar.

Daniel Vargas Telles