¿Cuánto riesgo estamos corriendo por la indiferencia de las autoridades municipales?

Las autoridades municipales de San Lorenzo no pueden seguir siendo “flojas” en el control de los sistemas de seguridad de los muchos hipermercados, fábricas e industrias. La experiencia reciente y la memoria dolorosa de tragedias pasadas deberían bastar para entender que la «lentitud» municipal no es un simple descuido burocrático: es una forma silenciosa de poner en riesgo vidas humanas.

El ejemplo más reciente está a pocos kilómetros. La explosión del tanque de hidrógeno en una fábrica de Capiatá, que ya se cobró dos vidas, nos recuerda con crudeza lo que ocurre cuando no se vigila adecuadamente el manejo de materiales peligrosos. Antes de eso, en San Lorenzo, la tragedia en la planta de embutidos Novex S.A. también dejó víctimas y dudas sobre posibles graves falencias en los controles municipales e incluso en el cumplimiento de protocolos de seguridad industrial. Dos hechos distintos, en tiempos distintos, unidos por un mismo denominador común: dudas en los procesos de verificaciones como correspondía.

Ante cualquier episodio grave —una explosión, un incendio, una fuga de gas o de sustancias químicas— la prioridad debe ser proteger a la ciudadanía. Pero inmediatamente después viene una responsabilidad igual de crucial: investigar a fondo y comunicar con claridad. Cuando las autoridades se apresuran a decir que “fue solo un accidente” sin una investigación seria, lo único que hacen es sembrar dudas y, peor aún, proteger a posibles irresponsables. Si realmente fue un accidente, debe explicarse con pruebas; si hubo omisiones, deben sancionarse sin contemplaciones.

La corrupción municipal no siempre se presenta como un maletín con dinero. A veces se manifiesta en inspecciones hechas “de palabra”, en certificaciones firmadas sin verificación, en permisos otorgados sin cumplir requisitos, en mirar hacia otro lado cuando una empresa influente no cumple las ordenanzas, total como dice aquella frase «el papel soporta todo». Esa corrupción blanda —esa flojedad disfrazada de “no pasa nada”— es capaz de costar vidas. Y cuando una vida se pierde por una supervisión inexistente o por un permiso irregular, la autoridad que no hizo su trabajo se convierte, aunque no lo diga, en cómplice de la muerte.

San Lorenzo necesita un cambio urgente en tres frentes:
Prevención, con planes de emergencia obligatorios y capacitaciones reales;
Control, con inspecciones técnicas inesperadas, rigurosas y sin favoritismos;
Transparencia, con publicación de auditorías, acceso a documentos y explicaciones creíbles cada vez que ocurre un incidente. Así como la publicación de los dos puntos señalados más arriba.

La ciudadanía tiene derecho a saber por qué pasan las cosas, y las autoridades tienen el deber de garantizar que lo que pasó en Capiatá —y lo que pasó años atrás en Novex— no se repita en nuestra ciudad por simple negligencia.

No se trata de evitar multas ni de mantener buenas relaciones políticas. Se trata de proteger vidas. Y cada vez que una municipalidad decide ser indiferente, esa indiferencia tiene un precio. Un precio demasiado alto.

Que la próxima sirena que escuchemos en San Lorenzo no sea el anuncio de una tragedia evitable. Que quienes hoy ocupan cargos municipales entiendan, de una vez, que su flojedad puede matar. Y cuando la omisión mata, ya no se llama omisión: se llama complicidad.