Avelino Martínez: vecinos deben fiscalizar obras para que resultados sean óptimos y con garantía

El pronto inicio (según el MOPC) de las obras para la rehabilitación de la muy transitada avenida Avelino Martínez exige algo más que anuncios y contratos: requiere vigilancia ciudadana. Cuando las obras públicas quedan en manos únicamente de quienes las adjudican y ejecutan, el riesgo de adendas infladas, especificaciones incumplidas y materiales de baja calidad aumenta. Por eso los vecinos deben organizarse y conformar equipos fiscalizadores que velen porque lo pactado se cumpla, tal como figura en el pliego de bases y condiciones y en el contrato.

Y el momento de hacerlo es ahora, antes de que las máquinas ingresen y empiecen los trabajos. Formar una organización ciudadana de fiscalizadores previo al inicio permitirá conocer todos los detalles del proyecto, entender qué está previsto en cada etapa y exigir que las especificaciones técnicas se cumplan desde el primer día. Solo así se podrá garantizar una inversión transparente y una obra verdaderamente beneficiosa para la comunidad.

No es una conjetura: hay obras de gran impacto social que ni bien terminaron los trabajos mostraron fallas evidentes. Un ejemplo claro es la avenida De la Victoria, en Reducto, cuya intervención —entregada hace años— aún presenta groseras deficiencias: baches peligrosos por fallas en la carpeta asfáltica; conexiones faltantes o mal hechas al sistema sanitario; y otros problemas que se dejaron “para después” y nunca se solucionaron. Esos defectos no solo representan mala ingeniería, sino que configuran un gasto inútil del erario y un riesgo permanente para quienes transitan la vía.

Por nombrar otros ejemplos están las recordadas “14 plazas de oro” (época en que Alcibíades Quiñónez fue intendente), las construcción del polideportivo municipal, y del IMA y las reparaciones del teatro municipal en la gestión de Albino Ferrer. En todos esos casos las inversiones fueron millonarias y los resultados, cuando menos, discutibles: lecciones que deberían obligarnos a no repetir errores.

Es cierto que se nombrará fiscalizadores oficiales designados por el gobierno nacional y capaz hasta por la municipalidad local. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas veces “se les pasa algún detalle” y las omisiones acumuladas significan millones que dejan de invertirse en beneficio del pueblo. Además, la avenida Avelino Martínez tiene tramos con manantiales y zonas de raudales lo que obliga a supervisar con rigor el diseño y la ejecución de las obras para evitar futuros colapsos que pueden significar aparición tempranera de baches y hasta pedazos de asfaltos arrastrados por los raudales.

Cabe agregar que la adjudicación para la reparación de la avenida registra un aumento millonario respecto a la estimación inicial: el contrato figura por G. 242.759.039.991 y, según consta, el presupuesto se incrementó en casi G. 90.000 millones respecto al llamado a licitación. Ese salto debería encender todas las alarmas ciudadanas, sobre todo si se considera que la ejecución se realizará durante los ejercicios fiscales 2026–2027 y queda sujeta a disponibilidad presupuestaria. Ante esa combinación de cifras y plazos, la atención de los vecinos no es opcional: es imprescindible.

Qué deben controlar los vecinos fiscalizadores

• La correcta instalación de caños para alcantarillado sanitario y pluvial.
• La preparación de la base del pavimento y el espesor del nuevo asfalto, conforme a lo contratado.
• La calidad de los materiales y la correspondencia entre lo facturado y lo realmente colocado.
• Las conexiones domiciliarias y colectoras: que no queden “a medias” ni con soluciones provisionales.
• Los plazos y las adendas: toda modificación debe estar justificada y publicada de forma transparente.

Cómo organizarse

1. Formar una comisión vecinal con representación por tramo de obra y roles definidos (registro, inspección, comunicaciones).
2. Reunir y divulgar los documentos básicos: pliego de bases, contrato y adjudicación. Exigir acceso a la información pública cuando haga falta.
3. Documentar: tomar fotos y videos periódicos, llevar agendas de avance fechadas y pedir actas de recepción parciales.
4. Contactar a organismos de control y a medios locales ante irregularidades comprobadas.
5. Coordinar con profesionales independientes – de ser posible de la misma zona – cuando sea necesario evaluar técnicamente y controlar calidad de los materiales.

La fiscalización ciudadana no es sólo un reclamo económico: es una cuestión de seguridad, eficiencia y democracia. Cuando los ciudadanos participan, exigen transparencia sobre cuánto se invierte, quién ejecuta y cómo se usan los recursos. Esa vigilancia reduce riesgos de sobreprecios, adjudicaciones irregulares y cobros indebidos; evita obras mal hechas que luego costarán reparaciones; y pone a las autoridades frente a la obligación de rendir cuentas.

Si queremos que el dinero del pueblo se invierta correctamente y que la reparación sea digna de la ciudadanía, no basta con confiar en las instancias oficiales (ejemplos: polideportivo, IMA, teatro, plazas de oro, recapados, etc): debemos organizarnos y asumir responsabilidad. Una comunidad atenta, informada y articulada es la mejor garantía de que cada guaraní gastado en obra pública revierta en servicio real, duradero y seguro para todos. Además es una buena «muralla» contra empresarios y autoridades corruptas ya sean nacionales o locales.