El Ministerio Público solicitó que el exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, sea juzgado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El patrimonio del exfuncionario asciende a más de G. 7.764 millones, según la acusación fiscal.
La acusación fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Luis Piñánez García, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes también imputaron a otros tres coprocesados en la misma causa.
De acuerdo con el documento fiscal, la investigación se centró en el periodo 2016-2023, durante la gestión del actual intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. En ese lapso, se habría detectado un llamativo crecimiento patrimonial del matrimonio conformado por Cáceres y su esposa, Ruth Jazmín Da Silva Almirón.
El requerimiento señala que, pese a ingresos legales por G. 3.126 millones, la pareja realizó adquisiciones e inversiones por más de G. 3.927 millones, registrando un desfasaje de al menos G. 1.016 millones. El análisis patrimonial incluyó informes técnicos de la Contraloría General de la República y del Departamento de Análisis e Investigación Económica del Ministerio Público.
Entre los bienes adquiridos figuran viviendas lujosas, vehículos de alta gama y mobiliario costoso. Se presume que los mismos fueron adquiridos con fondos de origen ilícito, posteriormente legitimados mediante maniobras como cesiones simuladas a terceras personas sin capacidad económica, con el objetivo de ocultar la titularidad real y evitar el comiso de los bienes.
Según la acusación, parte de los fondos desviados habrían sido recursos públicos destinados a combatir la pandemia del Covid-19, época en la que el exfuncionario habría mandado construir una ostentosa mansión en la ciudad de San Lorenzo.
Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación de la causa a juicio oral y público, considerando que existen pruebas suficientes que vinculan a los acusados con hechos que afectan gravemente a la función pública, la transparencia y el sistema nacional de prevención del lavado de activos.
Fuente: Diario Última Hora
