El concejal Pedro Martínez, legislador municipal y presidente de la Comisión Asesora de Tránsito de la Junta Municipal de San Lorenzo, enfrenta una denuncia penal por supuestamente utilizar su influencia para manipular procesos administrativos con el objetivo de beneficiar a sus allegados. La denuncia fue presentada por Aníbal López, propietario de la empresa de transporte Avelino Martínez SRL Línea 2, quien señala al edil de presionar para la elaboración de informes falsos que justificarían la cancelación de itinerarios otorgados a su empresa.
Imagen: Archivo
Los hechos denunciados
De acuerdo con López, el 8 de noviembre de este año, Martínez habría ordenado al Director General de la Policía de Tránsito, Freddy González, y al Director de Transporte de Pasajeros, Marcial Becker, la producción de informes fraudulentos en contra de la Línea 2. Estos documentos presuntamente servirían como respaldo para gestionar la cancelación del itinerario de la empresa y otorgarlo a terceros vinculados al concejal.
En la denuncia, se mencionan los expedientes N.º 8809/2024 y 8810/2024, que incluirían las instrucciones dadas a ambos directores municipales, así como una supuesta campaña orquestada para que personas cercanas al edil presentaran denuncias sobre irregularidades inexistentes en el servicio de la Línea 2. Según López, el fin último sería influir en los miembros de la Junta Municipal para concretar la cancelación del itinerario de su empresa.
Investigación en curso
El caso está siendo investigado por la agente fiscal Elvia Catalina Chávez, de la Unidad Penal N.º 4 de San Lorenzo. El 12 de noviembre, Chávez solicitó a la Municipalidad copias de los expedientes mencionados en la denuncia, además del expediente N.º 8785/2024, para corroborar las acusaciones.
Un problema recurrente
Es «secreto a voces» que el tráfico de influencias relacionado con la asignación, ampliación o cancelación de itinerarios de transporte público es señalado como una práctica habitual tanto en la Junta Municipal como en el Ejecutivo municipal de San Lorenzo. Estas acciones, que a menudo implican beneficios económicos o favores políticos, afectan directamente la transparencia y equidad en los servicios de transporte para los ciudadanos.
Lo que establece la ley
El artículo 7 de la Ley N.º 2523/04 sobre Tráfico de Influencias estipula:
“El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público (…) será castigado con penas privativas de libertad hasta tres años o multa. Igual pena se aplicará a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio, para obtener el favor de un funcionario público.”
La comunidad de San Lorenzo aguarda el avance de la investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y, de confirmarse, las sanciones correspondientes contra los responsables. Este caso pone nuevamente en la mira las prácticas de tráfico de influencias en el ámbito municipal, un problema que requiere atención urgente por parte de las autoridades y los organismos de control.
