Varias ex empleadas de la empresa de servicios de limpieza “LUZ FER” propiedad de Lourdes Mabel Núñez Ferreira y Brígido Núñez Martínez (hija y padre respectivamente) han presentado sendas demandas laborales por despido injustificado y cobro de guaraníes en el juzgado de San Lorenzo.
El caso se resume en el despido injustificado (según las demandantes) de empleadas con más de cinco años de antigüedad de la empresa del Concejal Municipal y Concejero de la Cooperativa San Lorenzo. Además de esa situación, las mismas se enteraron que dicha empresa no pagaba el seguro social obligatorio y legal por las mismas de manera normal, puesto que una de ellas con más de ocho años de antigüedad constató que el depósito para aporte al IPS solo fue hecho por un periodo que totalizaba UN año sin embargo le fue descontado por los más de ocho años de trabajo. Otras empleadas alegan que por más que ya lleven trabajando décadas en la empresa, no tiene la certeza de figurar en la nomina de asegurados al IPS.
Lo peor de todo para alguna de ellas, es la supuesta PROHIBICIÓN de ingresar a la cooperativa, de la cual son socias, y que fuera aparentemente ordenada por el concejero dueño de la empresa, puesto que también la cooperativa tiene contrato con la misma empresa.
Sobre esto último, varios socios disconformes con el manejo administrativo de la cooperativa, solicitaron en varias ocasiones a la Junta de Vigilancia, informaciones sobre el nombre de los propietarios de las empresas prestadoras de servicios, entre ellas las de limpieza, para verificar que no sean de propiedad de los concejeros o de los “vigilantes” o de sus parientes, puesto que los montos de los contratos año a año van creciendo de manera exponencial sin ningún tipo de justificación.
Este pedido de información, fue “olímpicamente” desentendido por la Junta de Vigilancia, enviando una grotesca respuesta llena de incoherencias e inconsistencias que demuestran una aparente complicidad de éste órgano “contralor” con los administradores de esa institución.
Otro tema que se suma a las numerosas sospechas que se tiene de una administración direccionada hacia el beneficio de un grupo de empresas vinculadas con miembros de órganos electivos de la cooperativa, empresas que además se encontrarían en contravención de disposiciones legales.
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