El documento firmado por los presidentes el pasado 20 de diciembre por los presidentes del bloque durante su última cumbre celebrada en Montevideo, será enviado al congreso para su aprobación, así anunció el ministro del Interior Carlos Filizzola luego de la reunión mantenida por el Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno.
El documento firmado por los presidentes del Mercosur no tiene “nada de ilegal” y con él se quiere “simplemente proteger la democracia y nada más que eso” dijo el ministro encargado de los asuntos políticos del gobierno paraguayo, luego de la reunión mantenida por el Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno.
Al mismo tiempo, Filizzola desacreditó las versiones sobre la justificación de un juicio político al presidente de la República, Fernando Lugo, por la firma del documento que, entre otras medidas, autoriza el bloqueo fronterizo a alguno de los países donde se produzca un quiebre democrático.
Con su firma, Lugo lo que hace es ratificar la cláusula democrática para evitar que en nuestros países existan intentos de golpe de Estado o intentos de gobiernos de factos como ocurrió en Honduras, o como quiso ocurrir en Ecuador y Bolivia, dijo el secretario de Estado en conversación con periodistas del ámbito palaciego.
Refirió que en caso que existan gobiernos de facto, éstos se exponen a una sanción como el aislamiento ya que el objetivo es que para mantenerse como miembros del Mercosur, los gobiernos de los países tienen que ser democráticos.
El protocolo firmado por los presidentes del Mercosur en Montevideo plantea aplicar una serie de medidas a nivel regional “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
Entre otras medidas, admite la posibilidad de “cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres, suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros” al país donde se produzca el quiebre democrático.
Las sanciones no deberán sin embargo poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales en la Parte afectada, según establece el documento.
