El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó, éste martes 13, el Préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo y de Implementación de Reformas (DPL, por sus siglas en inglés) por US$ 100 millones, que apoya el programa de reformas del Gobierno de Paraguay dirigidas a incrementar la eficiencia del sector público a través de mejoras en la supervisión de empresas públicas y del control financiero interno, y el fortalecimiento del sistema tributario.
“Este préstamo contribuirá enormemente a los esfuerzos que realiza el gobierno para lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo, lo que requiere ineludiblemente mejorar la fiscalidad y profundizar reformas para elevar la calidad de la gestión del sector público”, sostuvo Dionisio Borda, Ministro de Hacienda de Paraguay.
Paraguay ha hecho un gran esfuerzo por solidificar su economía y se posicionó como el país con mayor crecimiento en América Latina en el año 2010. En este periodo se registró un aumento de la inversión privada y un fortalecimiento de sectores como la agricultura, comercio y servicios, y la construcción. Sin embargo, a pesar de estos avances, el país es aún vulnerable a las fluctuaciones económicas regionales y mundiales.
En este contexto el gobierno promueve la sostenibilidad de reformas ya iniciadas en áreas clave como la gestión de las finanzas públicas, la administración tributaria y la supervisión de las empresas estatales.
“La eficiencia del sector público en Paraguay es un aspecto clave para un crecimiento equitativo”, afirmó Penélope Brook, Directora del Banco Mundial para el Cono Sur. “Las reformas iniciadas en esa dirección han sido muy exitosas y contribuyen significativamente a la agenda de desarrollo del país”.
El Préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo y de Implementación de Reformas se enmarca en la Estrategia de Alianza del Banco Mundial con el Paraguay para el periodo 2009-2013, cuyos pilares son:
I) apoyo a la reducción de la pobreza y promoción de la equidad social.
II) apoyo a la modernización del estado y al desarrollo de una política fiscal contra-cíclica que contrarreste los efectos de la crisis financiera global.
III) apoyo a la agenda de gobernabilidad, promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad.
La operación aprobada hoy será financiada a través de un préstamo por US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la institución del Grupo Banco Mundial para países de desarrollo medio, a tasa fija y con una madurez de 27 años, incluyendo un período de gracia de 8 años.
El préstamo apoya un grupo de reformas en tres áreas clave que fueron identificadas y priorizadas por el Gobierno:
• Supervisión efectiva de las empresas estatales para transparentar sus operaciones financieras y aumentar la calidad de los servicios.
• Mejora de la capacidad de la administración central para el control financiero interno promoviendo una mayor eficacia de los procedimientos y prácticas de control interno, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la rendición de cuentas.
• Fortalecimiento del sistema tributario con el objetivo de aumentar los recursos disponibles para la prestación de servicios públicos.