Sindicato de Periodistas del Paraguay repudia golpe contra acceso a la información pública

El documento lanzado esta tarde tiene 6 puntos donde los del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), ponen su total desacuerdo en cuanto a la decisión de los diputados y los senadores de no dar la lista de funcionarios permanentes, contratados y comisionados, con sus respectivos salarios, solicitados por medios de prensa locales.

LO QUE DICE EL DOCUMENTO DEL SPP

Al respecto, la comisión directiva expresa cuanto sigue:

1- Repudiamos la grosera violación del artículo 28 de la Constitución Nacional, Del Derecho a Informarse, por parte de autoridades de uno de los poderes del Estado, que debe dar ejemplo de transparencia y honestidad.

2- La Constitución es clara respecto a que “las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo”.

3- Rechazamos, por infundada, la utilización de otro derecho consagrado en la Constitución (artículo 33, Del Derecho a la Intimidad), para justificar las arbitrarias resoluciones de las Presidencias de ambas Cámaras.

4- El derecho a acceso a las fuentes públicas, consagrado no solo para los periodistas y medios, sino para toda la ciudadanía, es esencial para la vigencia de un régimen democrático. Solamente mediante el pleno ejercicio de este derecho, los mandantes pueden conocer cómo administran los bienes públicos las autoridades.

5- Repudiamos también la grosera manipulación del Código Penal (delitos informáticos) con el objetivo de amedrentar a las funcionarias y los funcionarios públicos a fin de que no otorguen información de interés general a periodistas. El SPP pone en cuestión la denuncia de diputados sobre supuesto acceso ilegal de bases de datos de la Cámara.
6- El SPP exige a diputados y senadores que impulsen un nuevo proyecto de ley en el que se especifiquen las “modalidades, plazos y sanciones” para que el pueblo puede acceder libremente a la información pública. Nuestro gremio rechaza el intento de crear una instancia burocrática centralizada, como el que pretende la Defensoría del Pueblo, para que los funcionarios entreguen datos a la prensa y a la ciudadanía.