La CEP pide al Poder Ejecutivo: “poner énfasis en solucionar los problemas de la tierra”, Mientras que al Poder Legislativo: señalan que el Congreso “se ha caracterizado por mantener un estado patrimonialista y clientelista”. Y al Poder Judicial, que “la corrupción y la impunidad tienen un alto índice que afecta la credibilidad del sistema de justicia”.
Mediante un documento extenso publicado hoy, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) hizo saber varias preocupoaciones con respecto al desenvolvimiento de los tres Poderes del Estado y les solicitó “un renovado empeño para el fiel cumplimiento de su rol constitucional, en orden a la consecución de una sociedad más equitativa y de una mayor calidad de la democracia”.
El documento aprobado por la 195ª Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEP el 28 de junio pasado y dado a conocer hoy, da cuenta en primer lugar del “delicado” momento que está viviendo la sociedad nacional como consecuencia de los acontecimientos políticos del mes de junio pasado y que significó el cambio en la conducción del Poder Ejecutivo.
EL DOCUMENTO COMPLETO
DE LOS OBISPOS DEL PARAGUAY A LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y AL MINISTERIO PÚBLICO
- Motivación.
Los Obispos del Paraguay, como Pastores, nos identificamos con las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren (Cfr GS 1). Conocemos los anhelos más profundos de nuestra comunidad creyente que busca afanosamente renovarse en la fe, aun en medio de las dificultades y contratiempos del arduo camino; conocemos de su aspiración, arraigada en la fe y la tradición Católica de nuestros padres, de renovarse interiormente en su adhesión a Jesucristo, que nos convoca y congrega en Su única Iglesia. Conocemos de los cotidianos y heroicos esfuerzos de cristianos y cristianas, que por el testimonio de fe y amor en el Único Señor, colaboran grandemente para el fortalecimiento de la comunión para la misión evangelizadora de la Iglesia y para la misión de edificar y velar por el bien común de toda la familia de la Patria.
Es indudable que ha crecido una mayor conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es, pues, necesario trabajar por el desarrollo, la equidad y el bien común facilitando todo lo que cada persona necesita para “vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa” (GS 26).
Nos dirigimos a las autoridades públicas, que tienen bajo su responsabilidad el Gobierno de la nación en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Publico, para solicitarles, cada cual en su ámbito de competencia, un renovado empeño para el fiel cumplimiento de su rol constitucional, en orden a la consecución de una sociedad más equitativa y de una mayor calidad de la democracia (Cf DSI 169, DA 541)
- Introducción:
Como consecuencia de los acontecimientos políticos del mes de junio pasado y que significó el cambio en la conducción del Poder Ejecutivo, la sociedad nacional está viviendo un momento delicado, para unos más difíciles y críticos, para otros conformes y decididos a mirar el futuro con esperanza, que requiere de la clase dirigente del país sabiduría, prudencia, equilibrio, un discurso pacificador, gran sentido de responsabilidad y acciones puntuales para encaminar soluciones viables a los problemas más urgentes de la población.
- La democracia como camino para el logro del bien común:
El proceso vivido en estos 23 años de transición democrática tuvo luces y sombras, pesando más estas últimas, que llevó a amplios sectores de la población a la desilusión y al pesimismo sobre las bondades del régimen democrático, con conducción indecisa o indefinida, dependiendo muchas veces de sus actores políticos y de sus convicciones e intereses. Si bien hay un amplio ejercicio de las libertades públicas, éstas no garantizan, por sí, la calidad del proceso democrático, que sigue presentando déficit importante, pues necesita pasar de una democracia meramente formal, electoral, a una democracia representativa, participativa y pluralista, también como estilo de vida y de ejercicio de la política para la consecución del bien común de la sociedad (Cfr DA 74, DSI 168-170).
- Desarrollo sustentable y equitativo:
La Iglesia sostiene que entre las causas que en mayor medida concurren a determinar el subdesarrollo y la pobreza de los países se encuentran el analfabetismo, las dificultades alimenticias, la ausencia de estructuras y servicios, la carencia de asistencia básica en el campo de la salud, la corrupción, la precariedad de las instituciones y de la misma vida política (Cfr. DSI, Nº 447).
Subrayamos lo expresado en nuestra Carta Pastoral con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional que el desarrollo integral debe promover una economía, social y ecológicamente sustentable, mitigando el impacto del modelo vigente de producción agrícola y ganadera, con políticas de explotación racional de la tierra, de los bosques y de los cursos hídricos. Se debe exigir el cumplimiento de la legislación vigente en el uso de productos tecnológicos y químicos que peligran la salud, la alimentación y la vida de las personas y que producen migraciones forzadas del campo a la ciudad, con graves consecuencias sociales. Habrá que impulsar decididamente la industrialización agro-ganadera, utilizando los recursos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá.
Una tarea urgente es adoptar todas las medidas y acciones tendientes al desarrollo agrario con equidad, superando el latifundio, muchos de ellos, improductivos y adquiridos con motivo de especulación. En este contexto, es prioritario realizar el catastro nacional de tierras, para determinar su tenencia y propiedad y recuperar para el Estado y su política agraria aquellas tierras malhabidas y mal adjudicadas.
Los problemas de larga data no se solucionan de la noche a la mañana, y requieren de una política nacional de envergadura, donde el Estado priorice el combate a la pobreza, destinando fondos provenientes de la riqueza agro-ganadera y de las Entidades Binacionales hidroeléctricas, Yacyretá e Itaipú, a través del Presupuesto General del Estado, en beneficio de una esmerada educación de calidad, salud social y otros beneficios concernientes a las prioridades de cada Departamento, con atención especial a los campesinos e indígenas. De este modo, los partidos políticos y sus líderes, conscientes de priorizar el bien común, fortalecerán la democracia promoviendo una economía solidaria, en la superación de la inequidad y del asistencialismo que arrastramos desde hace mucho tiempo.
Hacemos un llamado a la dirigencia del país a trabajar decididamente por el logro del bien común, que permita mejores condiciones de vida para todos los habitantes del suelo patrio. El nuevo Paraguay sólo será posible y viable si cambian las condiciones actuales de vida hacia una sociedad más justa, solidaria, desde la fe cristiana que acompaña la historia de nuestro pueblo. Para ello, el ejercicio de la política, purificando sus filas de personas corruptas e ineptas, debe superar los antiguos y repetidos vicios que priorizan intereses particulares, de movimiento o de partido, por encima de una visión que contemple el bienestar de la sociedad en su conjunto.
- La Constitución Nacional y el rol que asigna a los Poderes del Estado:
La Constitución es un programa político jurídico que los habitantes de un territorio determinado pactan cumplir en gran medida por medio de órganos constitucionales; los mismos deben ejercer sus funciones y deberes en el ámbito de su competencia con recíproco control y cooperación de los otros órganos del Estado.
Por el modelo de Constitución que el Paraguay adoptó, los órganos constitucionales tienen una gestión gubernativa que cumplir. En la medida en que los Poderes del Estado no cumplan, están violando el programa jurídico político pactado, vulnerando principios, como ser, el principio de igualdad que afecta en mayor medida a grupos sociales menos favorecidos, alejándolos del acceso a un bienestar mínimo que merecen por su dignidad como persona.
En el marco de la letra y del espíritu de la Constitución Nacional, nos dirigimos a cada Poder del Estado:
5.1. Al Poder Ejecutivo:
Conforme a la Constitución corresponde al Presidente de la República (CN, Art 238. Inc. 1.): “Representar al Estado y dirigir la administración general del país”. Por lo tanto, se exige el cumplimiento de los deberes constitucionales al Poder Ejecutivo en todos los niveles, sean estos Ministerios o secretarías ejecutivas con rango de Ministerios. Se debe lograr la eficacia de la administración pública a fin de articular políticas públicas y efectivizar por medio de la organización de la administración central y descentralizada “la responsabilidad de la administración de sus respectivas carteras y ejecutar la política relativas a las materias de su competencia”, (CN, Art 242) única razón de creación de los Ministerios del Poder Ejecutivo en la gestión gubernativa. El aprovecharse de los cargos ministeriales o semejantes, para otros fines que no sean los constitucionales, es inmoral por el mal desempeño de sus funciones.
Se debe poner énfasis en solucionar los problemas de la tierra, para ello la Constitución, en el Capítulo de los Derechos Económicos y de la Reforma Agraria en su sección II, Art 114 y siguientes, desarrolla el programa jurídico político de los objetivos de la Reforma Agraria, de las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural, de los latifundios improductivos, del fomento de las “empresas cooperativas y otras formas asociativas…” Es fundamental por lo menos la digitalización de los títulos de propiedad, la transparencia en el manejo de la transferencia de los fondos públicos, no sólo con fines de asistencialismo, sino con el fin único de lograr una acción transversal que logre “la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación”.
Impulsar el cumplimiento del Capítulo VIII referido a los derechos laborales, el acceso al pleno empleo, al derecho de los habitantes a un trabajo lícito, a las retribuciones justas. Los organismos estatales deben hacer posible “el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia”. Es inadmisible que en el siglo XXI en el Paraguay se niegue este derecho a los trabajadores urbanos o rurales.
El Poder Ejecutivo debe emplear todos los mecanismos a su alcance, tanto legales, reglamentarios y presupuestarios, para cumplir con la protección ambiental en un país bendecido por la naturaleza y hacer efectiva la prescripción constitucional que dice: “todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar” (CN, Art 8). De ser necesario, deberá presentar al Parlamento un proyecto de actualización de las leyes ambientales.
El sistema penitenciario debe ser adecuado al cumplimiento de la Constitución buscando que las “penas privativas de libertad tengan por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad” (CN, Art 21). Hará falta una mejor aplicación de esta norma, porque la simple reclusión de las personas, también en condiciones infrahumanas, sin condena, produce la destrucción de la persona y de su entorno familiar.
El alto índice de violencia intrafamiliar, sin distinción de rango económico, y los cinturones urbanos y rurales de pobreza contrastan con la opulencia de grupos económicamente privilegiados que contradicen a nuestra Constitución Nacional que busca la vigencia del “estado social de derecho” (CN, Art 1). El derecho a “la calidad de vida” (CN, Art 6) es un imperativo del principio de igualdad y la calidad de la gestión gubernativa debe crear los mecanismos eficaces para hacer posible la erradicación de estos males estructurales por medio de la obligación del Estado a la educación y el alcance del derecho a la salud a todos los habitantes del país.
Los derechos de los pueblos indígenas son vulnerados y se debe percibir una real política para el cumplimiento de los derechos consagrados en el Capítulo V de la Constitución Nacional, “De los pueblos Indígenas”. Debe tenerse en cuenta como prioridad y como criterio, el respeto y la recuperación de tierras suficientes y aptas, en sus territorios ancestrales, en diálogo con ellos.
Hace falta también fortalecer los vínculos entre el MEC y las Escuelas Católicas subvencionadas, respetando la identidad y autonomía propias, sin discriminación en cuestiones de materiales y servicios públicos escolares, garantizando el nombramiento del personal docente y administrativo en igualdad de condiciones y en el respeto de la autonomía de la escuela Católica. En cuanto al curriculum escolar referente a la educación de la sexualidad basada en el amor, la dignidad humana y el derecho a la vida, desde su concepción, debe evitarse un curriculum oculto y se debe respetar el derecho de los padres en dicha materia de educación sexual. Es imperativo que el Ministerio de salud aplique la política de la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural evitando el aborto y los métodos conceptivos que dañan la salud de la mujer (CN, Art 4).
Creemos conveniente que se revise el convenio firmado por el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia con organizaciones no gubernamentales que promueven la ideología de género. De este modo se evitará poner en riesgo la educación heterosexual de la niñez y de la adolescencia. Es necesario impedir las leyes basadas en ambigüedades y que se refieren a la figura constitucional de la no discriminación.
5.2. Al Poder Legislativo:
El orden constitucional describe a la República del Paraguay adoptando para su gobierno “la democracia representativa, participativa y pluralista…” (CN, Art 1). Con este fundamento, el órgano de representación se concentra especialmente en el Congreso. El mismo se ha caracterizado por mantener un estado patrimonialista y clientelista y este dato se traduce cada año en la promulgación de la Ley de Presupuesto de la Nación. Se percibe una baja calidad legislativa, que no se compadece con la retribución que se recibe del erario público y con un excesivo periodo de receso. El periodo de receso, que se traduce en unas largas vacaciones, tiene un remedio constitucional que solo depende del Congreso: por ejemplo, la convocatoria a “prórrogas de sesiones o sesiones extraordinarias”; éstas señales serán recibidas por los habitantes como un gesto de que en este último tramo de tiempo del mandato constitucional se prioriza la solución legislativa de los problemas estructurales que impiden una mayor equidad en la sociedad paraguaya.
El Congreso debe utilizar con responsabilidad los mecanismos de control con relación a los otros Poderes del Estado. Figuras como el “Pedido de Informes” (CN, Art 192), de la “Citación y de la Interpelación” (CN, Art 193) deben ser tratados con seriedad y se debe evitar convertirlas en un mero ritual procesal. Por otra parte, es lamentable no concluir la sesión legislativa por falta de quórum, motivado muchas veces por un interés ilegítimo. El control intrapoder de la “Pérdida de la Investidura” para Diputados y Senadores, que la Carta Magna dispone, (CN, Art 201), es un mandato ético a los miembros del Congreso que debe ser articulado para legitimar su mandato en los casos que la percepción ciudadana se traduzca en la pérdida de la legitimidad de su acción.
Asimismo, deberán prevalecer los principios de la meritocracia por sobre el cuoteo político como requisito único para la designación de los cargos en los que participa el Congreso.
La constitución reconoce la figura del “Referéndum” (CN, Art 121) y de la “Iniciativa popular” (CN, Art 123). Estas modalidades de participación ciudadana deben ser alentadas, recogidas y estudiadas seriamente por el Congreso como un deber que le impone el estado de derecho. El no cumplir estos deberes, podrá ser considerado por la ciudadanía como mal desempeño de sus funciones.
Estos mecanismos constitucionales y legales suponen una ciudadanía honesta y madura en su accionar, el fortalecimiento cívico de las organizaciones no gubernamentales y la herramienta constitucional para el accionar de los partidos políticos no tradicionales que preconizan la falta de participación en la decisión de los grandes problemas que afectan a los habitantes.
La acción legislativa no puede llamarse al descanso ante las desigualdades que nos presenta la sociedad. El modelo de la producción agro-cereal-empresarial no debe propiciar la vulneración de otros modelos de producción asociativas o cooperativas. Para ese efecto, el Congreso deberá propiciar la legislación apropiada en este periodo legislativo. Dígase lo mismo referente a los proyectos presentados por el Ejecutivo para la Reforma Agraria y otros para el bienestar general de la población.
Ante la finalización del mandato constitucional y la proximidad de las elecciones generales este tiempo debe servir a la ciudadanía en general para verificar la calidad personal y funcional de los senadores y diputados ante la posible reelección de los mismos para un siguiente periodo constitucional. Insista el Parlamento en la abolición de la “ley sábana” en vistas las futuras elecciones.
Sugerimos iniciar un proceso de fortalecimiento de leyes a favor de la vida y la familia, fomentando la maternidad y paternidad responsables, así como el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Es urgente e imprescindible plantear iniciativas legislativas que permitan fortalecer la Educación Superior, mediante debates en instancias correspondientes, que permitan a su vez mantener el régimen legal vigente, confirmando los organismos especializados en Educación Superior y sus normativas (CONEC, ANEAES, Ley de Universidades, Consejo de Universidades).
Es muy conveniente el financiamiento de la inversión pública para las Universidades de gestión privada, desde el respeto a la autonomía universitaria confesional. En este sentido, se podría permitir que a través del Impuesto a la Renta Personal los contribuyentes puedan deducir sus tributos con mejores ventajas, aplicando las mismas a Universidades públicas o de gestión privadas, como parte de la reglamentación a ser realizada a través del Ministerio de Hacienda y el Poder Legislativo.
5.3. Al Poder Judicial:
Los informes de los organismo internacionales revelan que la corrupción y la impunidad tienen un alto índice que afecta la credibilidad del sistema de justicia, por lo tanto, siendo la Corte Suprema de Justicia el máximo organismo constitucional de administración de la Justicia, sus miembros, individualmente y como cuerpo, tienen el deber ético de mostrar a la ciudadanía que están comprometidos a cumplir con su competencia constitucional o en caso contrario, someterse voluntariamente al juicio de responsabilidades.
La Corte Suprema de Justicia, que se sustenta en la democracia, debe actuar con firmeza con los jueces corruptos, y deben evitar someterse a la fuerza de grupos armados o a estructuras mafiosas que frustren el deber de impartir justicia.
La Constitución, en sus palabras, reserva al Poder Judicial la exclusividad de impartir justicia: “solo él puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso”- (CN, Art 248)- por lo tanto, es un imperativo del propio Poder Judicial desprenderse de otras actividades propias de una labor gubernativa administrativa y dedicarse en forma exclusiva a juzgar. Como ejemplo citaremos el crecimiento de la burocracia administrativa de los despachos de los Ministros de la Corte Suprema de Justica o la subordinación legal de otras dependencias como ser la Dirección General de los Registros Públicos o el Registro del Automotor.
Como “superintendente de todos los organismos del poder Judicial”, la Corte no puede seguir permitiendo la interrupción del funcionamiento de los tribunales y juzgados y otras dependencias en meses previos a la feria judicial, pues estas suspensiones laborales afectan a todos los usuarios del sector justicia y lastiman con perversidad a los más desprotegidos.
La independencia del Poder judicial como órgano constitucional y la de los jueces en forma individual, no puede ser utilizada como instrumento de protección y escudo que conduzca a mantener un sistema corporativo que impida la aplicación de un sistema de designación y confirmación de sus cuadros basados en los postulados de la meritocracia, la permanente revisión de la gestión en el cargo público y el libre acceso a la información pública. La aplicación de estos instrumentos debe ser propiciada por los propios Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en interrelación con el Consejo de la Magistratura.
Sugerimos evitar el avance de las Sentencias o Resoluciones judiciales con criterio de género, en el sentido de valorar la familia y conservar su unidad legislativa jurídica. Pedimos no favorecer el “divorcio express”, por “mutuo consentimiento”, fortaleciendo las instancias conciliatorias legales establecidas. También sugerimos fortalecer los servicios sociales y judiciales para la familia, para dar seguimiento a los casos de maltrato a la mujer, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Es conveniente crear una jurisdicción especializada de la FAMILIA, bajo la figura de los “juzgados de Familia”. Igualmente sugerimos que se evite la homologación o inscripción de las uniones de personas del mismo sexo que se han legalizado en otros países y en especial en los vecinos, entendiendo que matrimonio jurídicamente es la unión entre varón y mujer como lo define y defiende nuestra Constitución Nacional.
5.4. Al Ministerio Público:
Finalmente, quisiéramos también referirnos brevemente a una figura constitucional relevante para nuestra sociedad y que requiere una acción decidida y de calidad a favor del bien común de la sociedad.
El Ministerio Público es el “representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado” (CN, Art 266). Este órgano constitucional debe reflexionar profundamente sobre su actuación en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. El impulso estatal de la acción penal pública está auto limitado y sujeto a la iniciativa individual de los fiscales sin que la ciudadanía perciba un interés articulado de la propia Institución, por ejemplo, ante los grandes escándalos de corrupción en las esferas públicas, con acuerdo de grupos del sector privado, o la desvergonzada permisividad de la difusión del crack que permea en los distintos grupos sociales, así como la insensibilidad o la mala calidad de gestión en el manejo de las denuncias que se presentan ante los despachos fiscales y la nula política transversal de cooperación con otros poderes del Estado en este periodo constitucional.
Esto obliga al Ministerio Público a extremar los recursos para que los habitantes perciban su independencia y su libertad de acción efectiva.
- Conclusión.
La Iglesia afirma que la paz es fruto de la justicia. “La paz peligra cuando a las personas no se les reconoce aquello que les es debido en cuanto a su condición humana, cuando no se respeta su dignidad y cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común.” (DSI, Nº 494) La Constitución Nacional declara que nuestra democracia es representativa y participativa, la que debe basarse en la promoción y respeto de los derechos humanos. “Una democracia sin valores se vuelve fácilmente una dictadura que termina traicionando al pueblo” (DA, Nº 74).
En el ámbito nacional de la República, creemos indispensable contar con un amplio consenso social y político para lograr una agenda que ofrezca soluciones a los grandes problemas sociales para mitigar y evitar las situaciones de violencia, inseguridad, criminalidad y todo tipo de ilegalidad e inequidad.
La Iglesia Católica, como en otras ocasiones, está dispuesta a acompañar el diálogo y promover la búsqueda de consensos entre los diversos sectores y actores de la sociedad. Como Pastores, redoblaremos nuestros esfuerzos para lograr la unidad del pueblo paraguayo, desde la evangelización y la promoción humana, en pos del objetivo común de la construcción del nuevo Paraguay que todos anhelamos. En este sentido, la Conferencia Episcopal Paraguaya, CEP, ha declarado un Trienio dedicado a la familia (2012-2014), reconociéndola como núcleo y base de la sociedad.
Pedimos la intercesión de nuestros Santos Mártires, Roque González y Compañeros, que junto con la Patrona del Paraguay, la Virgen de la Asunción, nos consigan de Dios Padre hacer de la familia paraguaya una familia unida en la construcción del bien común y de la paz.
(Aprobado por la 195ª Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEP)
