La denuncia de posible mal uso de los fondos del Fonacide del año 2013 va adquiriendo ribetes de interesante “batalla de resistencia” entre un grupo de ciudadanos y el intendente Albino Ferrer. Por un lado, los ciudadanos insisten a los fiscales encargados que aceleren las investigaciones y por otro Ferrer acciona recusando a los fiscales para evitar una imputación.
Ahora que los ciudadanos no dan “respiro” a la gente de la fiscalía de San Lorenzo, Ferrer decidió recusar al fiscal adjunto Patricio Gaona y a la fiscala Susana González. El caso da la sensación de que es una carrera de “resistencia” principalmente por parte de Ferrer ya que estaría a punto de ser imputado por mal uso de unos G. 8.485 millones que la municipalidad “repartió” a las cooperadoras escolares obviando el cumplimiento de la ley que lo obliga a llamar a licitación de obras.
La recusación a Patricio Gaona es por “supuestamente prometido al grupo de ciudadanos la imputación al intendente Albino Ferrer”, mientras que en el caso de recusación a la fiscala González es porque ella pidió a la municipalidad trabajo para un pariente y se le fue negado por eso se puede presumir que no actúa con imparcialidad.
La “chicana” presentada por Ferrer puede “congelar” por un tiempo el caso, incluso corre el riesgo de que se extienda recién para el año que viene teniendo en cuenta que cada fin de año se realiza la feria judicial, con lo que los casos quedan totalmente retrasados
El pasado viernes el grupo de ciudadanos estuvo reclamando la pronta terminación de la investigación a Ferrer, sin embargo se enteraron que los fiscales Patricio Gaona y la Susana González fueron recusados por Ferrer. Acompañó a la delegación la Dra. Esthra Roa, de la Comisión de Escrachadores del Paraguay.
El caso reclamado corresponde a la denuncia presentada en noviembre del 2015 por el Frente Anti Corrupción, donde pidieron a la fiscalía la investigación de la ejecución de fondos del Fonacide en la administración del Intendente Albino Ferrer durante el año 2013, sobre la base de un informe de la Contraloría General de la República de un total de más de G. 8.485 millones (guaraníes ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco millones).
Luego en julio del 2016 los mismos ciudadanos presentaron otra nota a la fiscalía informando que el reclamo duerme en alguno de los cajones de la fiscalía y solicitan se designe agentes especializados para avanzar en las investigaciones.
