La Municipalidad de San Lorenzo proyecta construir camineros en varias plazas de la ciudad con un piso de inversión mínimo que llama poderosamente la atención: G. 4.000 millones, una cifra que la comuna está obligada a pagar sí o sí debido a la modalidad del llamado, pudiendo trepar hasta un techo de G. 8.000 millones. Semejante caudal de dinero exclusivamente para camineros deja abiertos varios interrogantes y exige una mirada aguda sobre el destino de los fondos públicos.
Un piso financiero que obliga a gastar al menos G. 4.000 millones
El proyecto opera bajo la figura de contrato abierto —ID 477947, rotulado como «Camineros en varias plazas de la ciudad»—, un sistema donde el municipio fija una franja de consumo según la demanda.
Bajo este esquema, al establecerse un piso de G. 4.000 millones y un tope de G. 8.000 millones, el intendente y su equipo quedan atados contractualmente a desembolsar obligatoriamente los cuatro mil millones iniciales a la firma ganadora, sin importar si las obras reales terminan costando menos.
El misterio de las plazas: sin nombres en los documentos oficiales
Lo llamativo del expediente disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) es la ausencia total de un listado con nombre y apellido de las plazas que recibirán las mejoras.
Como el contrato abierto funciona a modo de «bolsa de dinero» genérica, utilizan un título a modo general «Camineros en varias Plazas» y dejan la elección de los lugares a merced de futuras resoluciones o planillas internas que se armarán sobre la marcha mediante órdenes de trabajo. Ante esto surge la pregunta lógica: ¿Por qué la municipalidad no informa las plazas elegidas para la inversión de la obligatoria suma de G. 4 mil millones?
La exigencia ciudadana: transparencia y control vecinal
Tratándose de una inversión que arranca con una base tan alta, la administración municipal tiene el deber ético e institucional de informar de manera clara y anticipada a la comunidad cuáles serán exactamente las plazas seleccionadas. La participación ciudadana y el control vecinal de las obras públicas requieren conocer de antemano el destino de los fondos para garantizar que los trabajos respondan a verdaderas necesidades barriales y se ejecuten con total transparencia.
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