Por: Daniel Vargas
Lo ocurrido recientemente en las calles de San Lorenzo no es un hecho aislado ni un simple «altercado» vial: es una muestra clara y preocupante de la degradación institucional en la que se encuentra la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Los videos que circulan y que toda la ciudadanía ha visto exigen una respuesta inmediata, categórica y sin medias tintas. Todo tiene que salir a la luz.
Es necesario hacer una justa salvedad: existen honrosas excepciones dentro del cuerpo de la PMT. Son pocos, pero hay inspectores honestos, trabajadores y con vocación de servicio que salen diariamente a cumplir con su deber. Sin embargo, el comportamiento irresponsable de un grupo no puede empañar ni mucho menos justificar las conductas prepotentes y violentas que vemos repetirse en las calles.
Improvisación en la contratación y un aplazo de cinco años
Por lo que se evidencia en el procedimiento diario, a los inspectores municipales se los contrata de forma improvisada y «aprenden» a dirigir el tránsito más o menos sobre la marcha, ya en plena función. Las autoridades municipales olvidan —o sencillamente no le dan la menor importancia— a la realización estricta de evaluaciones psicológicas y psicotécnicas antes de enviar a un uniformado a la calle.
Para entender el fondo del problema, es clave recordar para qué sirven estos instrumentos de evaluación:
- El test psicológico: Evalúa el equilibrio emocional, la estabilidad mental, la tolerancia a la frustración y la tendencia a la impulsividad o la agresividad. Un uniformado sin aptitud psicológica es un peligro público en momentos de tensión.
- El test psicotécnico: Mide la capacidad de razonamiento rápido, la toma de decisiones bajo presión, la concentración y las habilidades de resolución de conflictos en la vía pública.
Poner a personas a ejercer autoridad en la vía pública sin este filtro mínimo es una irresponsabilidad gigantesca. En esta materia tan crucial para el orden y la seguridad de los sanlorenzanos, Felipe Salomón llevó cinco años rotundamente aplazado.
La autoridad debe generar seguridad, no miedo
No podemos tolerar ni normalizar que quienes tienen el mandato legal de ordenar el caótico tránsito sanlorenzano actúen como simples patoteros apostados en las esquinas. Los inspectores están para aplicar la ordenanza, guiar el tráfico y brindar garantías, no para agredir a ciudadanos ni para intentar censurar a quienes ejercen su legítimo derecho de filmar en la vía pública.
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Unirme ahoraLo único que nos falta en San Lorenzo es que tanto peatones como conductores empiecen a aterrarse cada vez que ven a más de un PMT en cualquier esquina. Cuando la presencia de la autoridad genera miedo en lugar de tranquilidad, el sistema ha fracasado por completo.
Exigir transparencia no es una opción, es un deber ciudadano. La Municipalidad y las autoridades de turno deben esclarecer de inmediato la verdad de los hechos y deslindar responsabilidades sin encubrimientos.
Si el hecho amerita sanciones ejemplares, aquí tienen que rodar cabezas, así sean dos, tres o cinco inspectores los involucrados. Y si la cadena de mando falló, la responsabilidad debe escalar directamente hacia las jefaturas e incluso hasta el propio director general.
San Lorenzo necesita con urgencia una PMT capacitada, evaluada profesionalmente, con vocación de servicio y apego a la ley. Las calles no son tierra de nadie ni espacio para el abuso de autoridad; son de los ciudadanos.
