Siete concejales, Hugo Lezcano, Derlis Acuña, Brígido Nuñez, Pedro Martínez, Myrian Fernández (colorados) y los liberales, Osvaldo Gómez y Dorotea Villarreal en una ya acostumbrada alianza entre colorados y dos liberales, impidieron el avance de un pedido de informes clave para transparentar el uso de los recursos municipales correspondiente al año fiscal 2025. El edil Hernán «Lilo» Domínguez se ausentó durante el tratamiento del tema, dejando la presidencia a cargo de Hugo Lezcano.
En una sesión marcada por la tensión y el debate sobre la transparencia administrativa, la Junta Municipal se convirtió el pasado miércoles en el escenario de un bloqueo legislativo. Una mayoría conformada por siete concejales —cinco pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y dos al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)— unificó posturas para frenar un proyecto que exigía la presentación de documentos respaldatorios sobre el balance presupuestario del ejercicio 2025.
El origen de la discordia La iniciativa fue impulsada por el concejal Isaac Rojas (PLRA), quien presentó un pedido formal de informes con el objetivo de auditar la consistencia de los números presentados por el Ejecutivo municipal. Rojas argumentó que, sin los documentos que prueben el origen y destino de los fondos, no se puede tener una decisión responsable para la aprobación o rechazo del balance y carecería de legitimidad, además expondría a la institución a serias dudas sobre su gestión financiera.
Defensa de la transparencia Durante el debate, la postura de Rojas fue respaldada por los ediles Luz Bella González (PLRA) y Nicolás Verón (PPS). Ambos concejales hicieron hincapié en que la solicitud de documentos no constituye un ataque político, sino una obligación constitucional de control. El cuestionado ex intendente y ahora edil Alcibiades Quiñonez (ANR), también salió en defensa del pedido de Rojas.
«Estamos aquí para representar al ciudadano, y el ciudadano tiene derecho a saber en qué se gasta cada guaraní del presupuesto», señalaron durante sus intervenciones, advirtiendo que postergar este pedido solo alimenta la sospecha de irregularidades en la ejecución presupuestaria.
El bloque del «congelamiento» A pesar de los argumentos técnicos y la urgencia del pedido, la coalición de los siete concejales logró imponer su mayoría para enviar el proyecto «a comisión» lo que puede significar postergar su tratamiento de manera indefinida, una táctica parlamentaria frecuentemente utilizada para enfriar temas sensibles y evitar que salgan a la luz pública antes de votaciones críticas, a lo que se puede agregar que finalmente salga un dictamen favorable a la aprobación días antes de lo que dicta la Ley Orgánica Municipal – o el mismo día de vencimiento mediante sesión extraordinaria – en que la Junta Municipal debe emitir dicho dictamen, si no lo hiciere en dicha fecha, el balance quedará aprobado por sanción ficta.
La composición de este bloque —seis colorados y dos liberales— no es nada nuevo, ya que siempre se mostraron unidos para acompañar este tipo de situaciones. Lo peor es que esta «supermayoría» proyecta un blindaje a la administración actual por encima del acceso a la información pública.
Audio: Momento del debate en cuestión
Lo que dice la Ley Orgánica Municipal
Artículo 207.- Procedimiento.
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Unirme ahoraLa rendición anual de cuentas de la ejecución presupuestaria será sometida a la aprobación o rechazo de la Junta Municipal respectiva y al posterior examen de la Contraloría General de la República.
A tales efectos, la Intendencia Municipal remitirá a la Junta Municipal la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria dentro de los tres primeros meses del año siguiente.
La Junta Municipal considerará la rendición, dando su aprobación o rechazo en el plazo de cuarenta días, de recibida dicha comunicación. Transcurrido dicho plazo sin que la Junta Municipal se pronunciare, se la tendrá por aprobada.
Si lo considerare necesario, podrá requerir la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas y el Intendente deberá remitirla dentro del plazo establecido en el requerimiento. La falta de cumplimiento de esta requisitoria podrá ser considerada como una causal de rechazo de la rendición de cuentas.
En caso de rechazo, la Junta devolverá la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria a la Intendencia con las observaciones correspondientes.
La Intendencia Municipal considerará dichas observaciones y en el plazo de treinta días, de recibida la devolución, enviará nuevamente dicha rendición a la Junta, la que la aprobará o rechazará, en este último caso, con el voto de la mayoría absoluta de dos tercios.
La Intendencia remitirá a la Contraloría General de la República la Resolución de la Junta Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria, acompañada de los documentos correspondientes, para su examen, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones respectivas.
