La familia Morales Peña, muy conocida en diversos ámbitos de nuestra ciudad, clama por justicia. Denuncian que la previsional incumplió un acuerdo tras la muerte de Héctor Miguel Morales Peña, quien debió ser internado en sanatorios privados ante la falta de camas en el IPS durante la pandemia.
La situación golpea hoy a una de las familias tradicionales de San Lorenzo. Los Morales Peña se encuentran en pie de guerra contra el Instituto de Previsión Social (IPS), entidad a la que acusan de utilizar «artimañas» legales para no hacerse cargo de los gastos médicos derivados de la internación de Héctor Miguel Morales Peña (†).
El origen del conflicto
El caso se remonta a los momentos más críticos de la pandemia. Héctor Miguel, asegurado del IPS y recordado como un brillante economista, contrajo Covid-19. Ante la falta de disponibilidad de camas en la previsional, tuvo que ser derivado de urgencia a centros privados (Sanatorio Italiano y Americano).
Ante la negativa inicial del ente de cubrir estos costos, su hermana, María Teresa Morales Peña, junto a su esposo, el abogado Juan Ramón «Papachin» Villalba Gómez, y su hijo, interpusieron un amparo constitucional. La jueza Lizzi Sánchez falló a favor de la familia, ordenando al IPS el pago total de los gastos.
La «trampa» del desistimiento
Según relata la familia, tras la muerte de Héctor Miguel, el entonces asesor jurídico del IPS habría propuesto un acuerdo: si la familia desistía de la demanda por desacato, la institución procedería al pago de los G. 120 millones adeudados por la internación.
Sin embargo, una vez que la familia cumplió con su parte y retiró la acción judicial, el IPS se desentendió del compromiso. «Nos dijeron que si desistíamos nos pagarían, pero nunca cumplieron. Es una vergüenza», expresó el Dr. Villalba, calificando el hecho como una maniobra para dejarlos sin herramientas jurídicas de presión.
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Unirme ahoraClamor por justicia
El impacto no es solo emocional por la pérdida de un ser querido, sino también financiero. Doña Teresa y su esposo, ambos jubilados sanlorenzanos, han visto su patrimonio seriamente afectado por esta deuda que el IPS, por ley y por sentencia, debería haber honrado.
«Solo queremos justicia. El impacto en nuestras finanzas es considerable y ya no tenemos la fuerza de antes para producir económicamente», señaló Teresa Morales en comunicación con medios nacionales, esperando que la actual administración del Dr. Jorge Brítez tome cartas en el asunto y repare este daño.
Fuente: Basado en la nota de Última Hora.
