La balanza de la justicia en Paraguay no solo está torcida; parece tener un precio que los más humildes no pueden pagar. Mientras las portadas de los diarios se llenan con traslados VIP y atenciones preferenciales para procesados con «apellido» o billetera gorda, en los pasillos de la Penitenciaría Regional de Emboscada, un joven de 29 años libra una batalla desigual contra la muerte y la indiferencia judicial.
La denuncia, realizada por la Abogada Cynthia Fleitas Balmori, desnuda la cara más podrida de nuestro sistema: la desigualdad ante la ley. Su representado lleva 3 años y 8 meses de encierro preventivo —sin condena firme— y su salud se ha desmoronado tras las rejas.
Un diagnóstico que sentencia a muerte
El historial médico del joven es una lista de terror: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica agudizada y un cuadro de septicemia que lo mantuvo en terapia intensiva en el Hospital de Luque. Logró sobrevivir de milagro, pero el sistema parece empeñado en que no lo haga por mucho tiempo.
A pesar de que el propio médico forense del Poder Judicial, confirmó en un informe oficial que el penal de Emboscada «no cuenta con condiciones para el seguimiento» y que el paciente requiere cuidados de un tercero las 24 horas, el Tribunal negó el arresto domiciliario, aunque uno de los jueces reconoció que correspondía conceder la medida, pero la mayoría decidió lo contrario.
«El estado de salud del paciente es delicado… y dicho lugar no es acorde para el tipo de patología que presenta», reza el dictamen forense que los jueces parecen ignorar.
La odiosa comparación: «La desigualdad que indigna»
La indignación de la defensa nace de un contraste que humilla. La abogada Fleitas interpela directamente a la sociedad: «¿Cuál es la diferencia entre una persona privada de su libertad con recursos económicos y una sin recursos?».
Mientras su representado permanece en condiciones inhumanas, ella recuerda que hace pocos días una persona que estuvo 6 años prófuga recibió un trato diametralmente opuesto: «Se le acondicionó una habitación especial, fue trasladada en ambulancias de primer nivel y recibió atención preferencial por una afección menor».
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Unirme ahoraEn cambio, para el joven de 29 años, la respuesta judicial es un muro de burocracia. Según la denuncia, la mayoría del Tribunal decidió negar el arresto domiciliario argumentando cínicamente que el joven «está siendo asistido», simplemente porque se le traslada una o dos veces por semana al hospital.
Justicia tardía no es justicia
En Paraguay, de cada 100 personas privadas de libertad, solo 10 están condenadas. El 90% restante vive el castigo de la prisión sin haber recibido sentencia. Como bien señala la abogada, estamos ante un sistema que castiga la pobreza antes que el delito: «La gran mayoría no ha sido condenada, pero ya vive como si lo estuviera».
Desde San Lorenzo Py, nos sumamos al llamado de humanidad: No se trata de defender delitos, se trata de defender derechos básicos. El informe forense es claro al advertir que la permanencia en prisión «podría agravar… y puede correr riesgo su vida» si no sigue el tratamiento adecuado con especialistas.
«No se trata de defender delitos. Se trata de defender derechos humanos básicos… se trata de no perder la humanidad», concluye Fleitas. Si las leyes de transparencia que promovemos no sirven para evitar que la justicia se convierta en una condena de muerte para el pobre, entonces hemos fallado como sociedad.
