Padres de alumnos del 4to grado denuncian que el traslado irregular de una docente ha provocado un daño pedagógico y emocional irreversible en casi 50 niños, quienes son obligados a realizar tareas de preescolar y repaso el tercer grado, mientras los otros grados ya completaron el primer examen del año escolar. La denuncia también llegará al Ministerio de la Niñez por avasallamiento a los derechos del niño.
Lo que debería ser un ciclo lectivo de crecimiento se ha convertido en una crisis educativa sin precedentes para los alumnos del 4to grado de la Escuela Jorge A. Gadea. Madres de familia, anunciaron que el próximo lunes elevarán una denuncia formal tanto al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) como al Ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, alegando una vulneración sistemática (por parte del gobierno nacional) de los derechos fundamentales en cuanto a educación escolar se refiere.
Un rubro «fugado» y perjuicios irreversibles
La crisis estalló tras el retiro de la docente Luz Marina Miranda de Acosta, quien tras el primer día de clases abandonó la institución para trasladar su rubro a una escuela en la ciudad de Ypané. Según los padres, este movimiento carece de respaldo documental y parece responder a gestiones políticas, dejando en el abandono a casi 50 niños de los turnos mañana (TM) y tarde (TT).
Las familias enfatizaron que esta situación está ocasionando perjuicios graves e irreversibles en la educación pedagógica y en la estabilidad emocional de los estudiantes. Al no contar con una figura docente estable y preparada para el nivel, los niños manifiestan desorientación, baja autoestima y, en muchos casos, una creciente resistencia a asistir a la institución.
«Jugando con plastilina»: El olvido académico
Mientras los alumnos de 1ero, 2do, 3ero, 5to y 6to grado están camino al primer examen oficial del MEC, los del 4to grado todavía no conocen de cómo son las lecciones de su grado, por lo tanto hasta el momento prácticamente están excluidos por la falta de un docente que desarrolle el programa correspondiente.
«Todos los demás grados ya están dando clases que servirán para primer exámen, pero nuestros hijos siguen con trabajos de preescolar, jugando con plastilinas, haciendo dibujitos y repasando lecciones del tercer grado. Tienen la sensación de que no están en el cuarto grado», lamentó Fidelina Vázquez, madre delegada del turno tarde. «Actualmente, los niños están a cargo de «docentes mochileras» que son especializadas para estar con los niños del jardín escolar que tienen 3 y 4 añitos, nuestra protesta no es contra ellos, pero la preparación que tuvieron no es para el segundo ciclo de la Educación Escolar Básica«, mencionó la señora Lorena Alcaráz, madre delegada del turno mañana.
Autoridades señaladas y falta de gestión
Los padres apuntan directamente a la cadena de mando por permitir que el rubro asignado a la Escuela Gadea fuera derivado a otra ciudad sin un reemplazo. Los responsables señalados en las notas de denuncia son:
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Unirme ahora- Lic. Roberto Saucedo, Director de la institución.
- Docente Guido Barrios, Supervisor de apoyo técnico pedagógico.
- Dr. Francisco Agustín Canatta, Director de la Dirección Departamental de Educación Central.
Según los testimonios, las respuestas de estas autoridades han sido evasivas e incluso groseras, minimizando la pérdida de días de clase y condicionando la solución a trámites burocráticos (como la planilla FMOV08) que los propios funcionarios nombrados más arriba deberían haber gestionado.
Acciones legales inmediatas
Ante la desidia local y departamental, las familias han decidido recurrir a las máximas instancias. Este lunes presentarán notas dirigidas al Ministro Luis Fernando Ramírez y al Ministerio de la Niñez y Adolescencia donde exigen el cumplimiento del derecho constitucional a una educación de calidad y el principio del interés superior del niño.
«No nos oponemos al traslado de una docente, pero exigimos que el rubro permanezca en la Escuela Gadea, porque les pertenece a estos niños», sentenciaron.
Los padres otorgaron un plazo de 48 a 72 horas para recibir una solución definitiva, advirtiendo que, de persistir la negligencia, las medidas de fuerza se intensificarán para proteger el futuro de educación escolar sus hijos.
