183 años de luz frente a la amenaza de un nuevo «apagón» informativo

Hoy, 28 de marzo, se cumplen exactamente 183 años de un hito que todo paraguayo que valore su libertad debería conocer. En 1843, el Segundo Consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso firmó el decreto que creó el Repertorio Nacional, la primera publicación oficial que obligó al Estado a poner sus actos bajo la mirada pública. Sin embargo, la historia es cíclica y hoy, casi dos siglos después, esa luz que empezó a brillar en el siglo XIX corre el riesgo de ser apagada por un actual gobierno que, mediante el Artículo N.º 24 de la Ley  N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales, pretende «matar» la transparencia y volver a gobernar en la penumbra.

Bajo la fachada de una modernización legal, el oficialismo busca blindar la información pública y restringir el control ciudadano, convirtiendo la privacidad en un muro de impunidad para los administradores del Estado.

El «Caballo de Troya» legislativo

Resulta alarmante que, mientras conmemoramos este aniversario de apertura institucional, el poder político siga sosteniendo una herramienta de censura. El Artículo N.º 24 no protege al ciudadano; protege al funcionario que no quiere rendir cuentas. Al utilizar conceptos ambiguos, este proyecto busca desmantelar la capacidad de la prensa y de la ciudadanía para fiscalizar el uso de los recursos de todos. Si en 1843 la urgencia era publicar las leyes para que nadie alegara ignorancia, hoy la urgencia de ciertos sectores parece ser ocultar sus actos para evitar la justicia.

Un retroceso de dos siglos

En 1843, la voluntad de informar era tal que, ante la falta de imprentas en Paraguay, el Gobierno envió los originales a Corrientes para que el pueblo pudiera leerlos. Había un compromiso real con la institucionalidad.

Hoy, contrastamos esa visión con una maniobra legislativa que busca desmantelar los avances logrados con la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública, una herramienta por la que hemos luchado incansablemente. No podemos permitir que una ley de «protección» se convierta en una «ley garrote» que nos devuelva a la era del silencio que Carlos Antonio López intentó romper un día como hoy.

Desde este y otros espacios de comunicación, siempre sostuve que la privacidad de los ciudadanos es sagrada, pero los actos de quienes administran la «cosa pública» deben ser siempre visibles. El poder que se esconde es poder que abusa.

A 183 años de aquel decreto pionero del Repertorio Nacional, el mensaje debe ser lo mismo: no debemos dar ni un paso atrás. Es crucial recordar que, si bien la Ley de Protección de Datos Personales ha sido promulgada, su entrada en vigencia plena está prevista para finales de 2027.

Esto significa que no todo está dicho. Como ciudadanía y organizaciones sociales, aún tenemos tiempo y espacio para accionar y presionar por la modificación o derogación del polémico Artículo 24. Nuestra lucha debe continuar para garantizar que esta ley sea en realidad una herramienta que proteja los datos reales de privacidad de las personas y no un mecanismo para oscurecer datos que deben ser públicos por naturaleza.

La transparencia no se negocia porque la información le pertenece a la gente, no a los gobernantes de turno. ¡Aún Tenemos casi dos años de tiempo!.

Daniel Vargas Telles