La Corte Suprema de Justicia informó que, en el marco del caso conocido como la “mafia de los pagarés”, se depuraron —por finiquitos, caducidad, nulidad y levantamientos— más de 23.000 juicios ejecutivos tramitados en Juzgados de Paz de Asunción y del Departamento Central, lo que permitió liberar embargos salariales y jubilatorios que afectaban a miles de personas.
La medida fue presentada hoy en la sesión plenaria de la Corte, luego de un informe elaborado por la Oficina Técnica de la Justicia de Paz. La depuración responde a la Acordada N.º 1800/2025, que instaura un protocolo para revisar los juicios ejecutivos y de cobro de sumas de dinero en los Juzgados de Paz.
El ministro Alberto Martínez Simón y otros vocales del Pleno destacaron la magnitud del hallazgo y señalaron que la depuración libera a miles de ciudadanos que venían padeciendo descuentos ilegales en sus sueldos o pensiones. La Corte subrayó que los números son provisionales, ya que faltan contabilizar algunos juzgados que podrían aumentar la cifra total.
Paralelamente, el Ministerio Público avanzó en las investigaciones penales: se formuló acusación contra jueces y exjueces, actuarios y terceros presuntamente vinculados al esquema. Entre los señalados por los fiscales figuran magistradas y exmagistrados, así como personal de cobranzas que, según la acusación, confeccionaba pagarés falsos, simulaba notificaciones y tramitó juicios ejecutivos fraudulentos que permitieron embargos durante años.
La acción de la Corte incluye el levantamiento inmediato de las medidas de embargo en los expedientes depurados. Fuentes judiciales indicaron que esta intervención se trató de una medida excepcional destinada a restituir derechos vulnerados y a sanitizar la tramitación en los Juzgados de Paz.
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Unirme ahoraLo que sigue: las causas penales continúan su curso en el Ministerio Público y la Corte anunció que proseguirá con el monitoreo y depuración en el resto de los juzgados del país para evitar que prácticas irregulares vuelvan a afectar a ciudadanos.
Fuentes: Poder Judicial (Acordada N.º 1800/2025) y cobertura de medios nacionales.
