Desde que el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue manipulado en la Cámara de Diputados con la incorporación del polémico artículo 24, surgió una legítima preocupación entre organizaciones sociales, periodistas, especialistas en transparencia y acceso a la información pública, así como entre buena parte de la ciudadanía. Y no es para menos: de aprobarse tal como está —o incluso con las modificaciones que propone el Senado—, el derecho ciudadano a saber cómo se administra el dinero público quedará herido de muerte.
La alarma no es exagerada. Si la ley se sanciona en esos términos, cualquier persona que desee conocer información sobre el trabajo de un funcionario —desde su salario hasta su declaración jurada de bienes— deberá pedirle autorización. Es decir, el funcionario decidirá si el ciudadano tiene o no derecho a saber cómo maneja los recursos del Estado.
Del resguardo de la privacidad al ocultamiento del poder
Lo que en apariencia podría presentarse como un avance en la protección de la privacidad ha sido transformado en un instrumento contra la transparencia. El artículo 24, en particular, podría convertirse en la llave que cierre definitivamente la puerta del control ciudadano sobre la función pública, esa misma puerta que la ciudadanía abrió con la recordada “primavera de la transparencia”, la cual desató un verdadero tsunami de información pública y visibilizó casos escandalosos como el del llamado «director de fotocopias del Congreso», la «niñera de oro», mecánicos y estancieros de oro, el ex rector de la UNA, y, más recientemente, los casos de los llamados “nepo babies”.
El proyecto, que originalmente buscaba proteger datos personales sensibles —como la orientación sexual, las creencias religiosas o los antecedentes médicos—, terminó desviando su propósito hacia la imposición de barreras severas para el acceso a la información pública. En lugar de fortalecer las garantías democráticas, sus modificaciones apuntan a blindar al poder frente a la mirada ciudadana. Me asiste la razón cuando sostengo que la mayoría de los políticos con cuotas de poder en organismos del Estado no suelen impulsar medidas para fortalecer la democracia; son las ciudadanas y los ciudadanos activos quienes, con esfuerzo, han logrado instalar herramientas como la transparencia, el acceso a la información pública y la reciente iniciativa popular electrónica.
Un retroceso hacia la oscuridad
Entre las disposiciones más preocupantes, el artículo 24 permitiría que los funcionarios públicos reclamen privacidad sobre sus salarios, cargos o declaraciones juradas. Peor aún: el ciudadano que desee acceder a esos datos deberá tramitar su pedido ante una futura Agencia de Protección de Datos Personales, dependiente del propio Estado. ¿De verdad se puede esperar imparcialidad de un organismo estatal encargado de decidir si el ciudadano tiene derecho a fiscalizar al Estado?
De aprobarse, esta normativa nos haría retroceder a los tiempos del oscurantismo institucional, enterrando conquistas fundamentales logradas con las leyes 5181/2014 y 5282/2014, ambos relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública. En otras palabras, quienes acompañen esta versión de la ley estarán pateando los cimientos del derecho a saber.
Sin información, no hay democracia
Para que una democracia funcione plenamente, los ciudadanos deben tener la posibilidad de conocer lo que hace su gobierno: cómo gasta, a quién contrata, quién toma las decisiones y bajo qué criterios. El acceso a la información no es un privilegio: es una herramienta de control social y de combate a la corrupción.
Cuando ese derecho se limita, florecen la arbitrariedad, el favoritismo, las compras discrecionales y las represalias contra quienes denuncian irregularidades. En ese escenario, un ciudadano que hoy consulta los salarios o declaraciones juradas de un funcionario mañana podría encontrarse con que esos datos ya no están disponibles. Y si insiste, deberá iniciar un trámite engorroso, gastar tiempo y dinero… y aun así, recibir una negativa.
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Unirme ahoraNo a la máscara del poder
En resumen, una ley concebida para proteger la privacidad puede transformarse en una muralla que encierra al poder. En manos equivocadas, servirá para disfrazar la opacidad con el rótulo de “protección”.
La Ley de Datos Personales no debe convertirse en la máscara detrás de la cual el poder oculte sus actos. Si se manipulan artículos para “matar” la transparencia, se está atentando directamente contra el derecho ciudadano a saber, piedra angular de toda democracia.
Este proyecto no puede avanzar sin que la ciudadanía lo observe, lo cuestione y lo reforme. Porque si se aprueba en estas condiciones, no solo perderemos el acceso a los datos: perderemos la capacidad de exigir cuentas. Y ese sí sería un golpe fatal para la democracia paraguaya.
Por: Daniel Vargas Telles
