Una nota interna, con el encabezado “Difusión obligatoria de publicaciones institucionales en redes sociales”, habría sido enviada a directores, jefes y demás funcionarios de la Municipalidad de Ñemby, ordenándoles compartir las publicaciones oficiales.
Obligar a empleados públicos a difundir contenidos en sus redes personales no solo vulnera la libertad de expresión, sino que además constituye una práctica propia de regímenes autoritarios. Pretender controlar la voz y la opinión de los trabajadores es, sin dudas, cosa de dictadores.
La pregunta es inevitable: ¿es ético —y acaso legal— obligar a funcionarios municipales a promocionar la gestión en sus redes privadas? La medida no solo cruza límites éticos, sino que también podría vulnerar derechos laborales y de libertad de opinión.
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