“La casa de la gente va a terminar en manos de los bancos”, advierte abogada sobre propuesta del exinterventor

La abogada Rosa Vacchetta cuestionó duramente la recomendación del exinterventor de Asunción, Carlos Pereira, de implementar un encargo fiduciario para el cobro de impuestos a contribuyentes morosos. En entrevista con Última Hora, aseguró que delegar esta función a empresas privadas violaría derechos y potestades legales otorgadas a la Municipalidad en el artículo 166 de la Constitución Nacional.

Vacchetta citó el Acuerdo y Sentencia Nº 477/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional la delegación de funciones tributarias a entidades privadas. El fallo se originó en 2018 tras la acción judicial de más de 3.000 contribuyentes contra el contrato firmado por la Comuna con el Consorcio TX para la gestión de cobros.

La abogada alertó sobre las consecuencias de un fideicomiso: “Los bancos lo único que necesitan es una garantía. ¿Cuál es su garantía? El inmueble de la gente. Imaginate lo que va a pasar: la casa de la gente va a terminar en manos de los bancos. Esa no es función del Municipio”.

Recordó que este modelo fue discutido en varias administraciones, frenado durante la gestión de Enrique Riera, impulsado por Arnaldo Samaniego y finalmente firmado en 2018 bajo Mario Ferreiro, con homologación de la Junta Municipal. La Corte ya había frenado entonces la entrega de datos de contribuyentes mediante una medida cautelar.

Vacchetta cuestionó también el uso de recursos en la Comuna: “Hoy es la vaca lechera para asalariar a 60 directores, de los cuales apenas ocho funcionan. Tenemos 509 asesorías para 24 concejales y 9.119 funcionarios. No hay plata que aguante”.

Por su parte, Pereira defendió su planteamiento y sostuvo que el encargo fiduciario “es apenas una sugerencia para salir de la situación complicada”. Agregó que esta figura está prevista en el Código Civil y en la Ley 921 de Negocios Fiduciarios.

Actualmente, la Municipalidad de Asunción arrastra una cartera de deudas de G. 5,4 billones correspondiente a los últimos cinco años, según datos del director interino de Administración y Finanzas, Víctor Gamarra Popoff, durante la intervención.