El Tribunal de Sentencia de San Lorenzo dictó sentencia contra dos funcionarias implicadas en un esquema de corrupción por la expedición irregular de registros de conducir. La directora de Tránsito municipal, Mabel Corvalán Achucarro, recibió una pena de dos años de prisión, mientras que la agente policial Nilsa Evelin Morel Giménez fue condenada a un año y ocho meses de cárcel. En ambos casos, la ejecución de la condena quedó en suspenso.
Según la investigación fiscal, las acusadas participaban en la entrega anómala de certificados de vida y residencia —requisito indispensable para tramitar la licencia— a cambio de pagos que oscilaban entre 25.000 y 30.000 guaraníes por documento. Estas irregularidades fueron denunciadas por el propio intendente de San Lorenzo y confirmadas durante el juicio oral.
El delito imputado a las funcionarias fue cohecho pasivo agravado, tipificado en el Código Penal paraguayo. A pesar de la gravedad de los hechos, el tribunal —compuesto por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel— decidió suspender la ejecución de las penas, condicionándolas al buen comportamiento de las condenadas durante el período de prueba.
La causa pone de relieve la necesidad de reforzar los controles internos en los organismos públicos para evitar que la corrupción mine la confianza ciudadana.
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