Los ex intendentes Alcibíades Quiñonez Ayala y Felipe Nery Quiñonez Almada (ambos ANR), habrían cometido hechos punibles contra el patrimonio municipal y contra el ejercicio de la función pública, esto, se desprende del informe final de la Fiscalización Especial Inmediata sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos del periodo de enero a octubre de 2021, realizado por auditores de la Contraloría General de la República (CGR). La resolución es la Nº 487/2021 del ente contralor.
Entre lo señalado como hechos punibles contra el patrimonio municipal y contra el ejercicio de la función pública están que de acuerdo al arqueo de caja de recaudación en cuanto a montos de recursos genuinos entre enero y octubre de 2021 “no se depositó en las cuentas bancaria asignadas un total de G. 526.993.628” (quinientos veintiséis millones novecientos noventa y tres mil seiscientos veintiocho).
En el punto más arriba mencionado, los ex intendentes Alcibíades Quiñonez Ayala y Felipe Nery Quiñonez Almada, habrían violado el artículo 194 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010 que expresa “La recaudación, contabilización, custodia temporal, depósito o ingreso de fondos públicos municipales, se sujetarán a la reglamentación establecida, de acuerdo con las siguientes disposiciones: a) el producto de los impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos deberán contabilizarse y depositarse en la respectiva cuenta de recaudación por su importe íntegro, sin deducción alguna, salvo aquellas establecidas en la Ley; (…) b) cualquier uso o la retención no justificada mayor al plazo establecido por la Contraloría General de la República, constituirá hecho punible contra el patrimonio y contra el ejercicio de la función pública.
Otro de los hechos señalados por el equipo auditor de la CGR que constituirían hechos punibles contra el patrimonio público de San Lorenzo y contra el ejercicio de la función pública, es que “los recursos genuinos correspondientes de enero a octubre de 2021 no fueron depositados en los plazos previstos en la ley, por lo tanto se incumplió con la Ley 1535/1999 “De administración Financiera del Estado”. Además violaron la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal y la Resolución de la Contraloría General de la República.
A todo lo anteriormente señalado se agrega que la Municipalidad de San Lorenzo pagó remuneraciones extraordinarias a funcionarios del MOPC
También figura en el documento final de la Fiscalización Especial Inmediata, que entre enero y octubre de 2021, la Municipalidad de San Lorenzo pagó en concepto de salarios por casi 7 mil millones de guaraníes, a pesar de no contar con contratos suscriptos entre quienes cobraron y la institución municipal.
El informe final consta de 77 páginas, donde consta algunos cuadros demostrativos de las 15 observaciones (algunas constituyen hecho punible contra el erario público y mal desempeño en sus funciones).
Por ser de interés general, exponemos aquí la totalidad de dicho informe final (click para descargar documento)
