El pasado miércoles durante sesión ordinaria de la Junta Municipal de San Lorenzo, el concejal colorado Ignacio Britez, contó a sus colegas que la corte de Suprema de justicia falló a su favor en el caso de posible cobro de doble salario público. Con el fallo asegura seguir cobrando su salario de concejal municipal poco más de Gs 20.100.000 más su sueldo de funcionario de Itaipu poco más de Gs. 30.500.000 con lo que mensualmente se alza con casi 51 millones de guaraníes.
Señaló que el fundamento presentado por su contraparte (concejal suplente Felipe Nery Quiñonez, más conocido por Nery Colarte) quedó en la nada ya que los Ministros de la Corte entendieron que no es así como se señala en la demanda, “La Sala Constitucional ha declarado en forma unánime inconstitucional el artículo segundo de la ley 700/96, que es el fundamento esgrimido presentado por mi contraparte al presentar la denuncia en el Tribunal de Justicia Electoral”, señaló.
Luego manifestó que accionará judicialmente contra el suplente a concejal colorado Nery Quiñonez, «Yo tengo la garantía constitucional de poder recurrir también a la instancia pertinente para reclamar todo el daño que sufrí, ya sea moral, económico y ya el tiempo dará para que se dé la demanda correspondiente para éste ciudadano (Nery Colarte) que innecesaria y gratuitamente me demandó”, explicó y aclaró que el resarcimiento económico que reciba por la demanda estaría donando a alguna entidad de beneficencia.
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Unirme ahoraEl suplente a concejal por el partido colorado, Nery Colarte, había acusado a Britez de incompatibilidad jurídica y por ser un “planillero” en la Cámara Baja del Congreso Nacional, donde está como comisionado de la Itaipu Binacional. También lo ha acusado por supuesto doble salario público, cosa que está prohibido por el art. 105 de la Constitución Nacional, “De la prohibición de la doble remuneración”, donde señala que ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia”. Pero ahora la CSJ dice que ser empleado de la Itaipu Binacional no es ser funcionario público.



