Por Claudia Meaurio
La Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de Ley que obliga a las empresas de telefonía celular a bloquear celulares robados, mediante el Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles (IMEI). Esta medida fue tomada ayer durante la sesión ordinaria de los legisladores.
La propuesta tiene por objeto disminuir las tasas de robo de celulares, ya que de esta forma posibilitará que cualquiera sea la procedencia del celular, la empresa proveedora del servicio tecnológico esté obligada a realizar el bloqueo de manera efectiva, dejando inutilizado el teléfono.
El proyectista, diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), mencionó que “Más del 80 % de los asaltos callejeros son para robar teléfonos celulares. Con esta normativa ya no habrá incentivos, por lo que los ciudadanos comprarán los aparatos sólo de casas comerciales autorizadas y no en negro como comúnmente se dice. Esto significa avances no sólo en lo económico y en la seguridad, sino también en la privacidad”, puntualizó.
Por su parte, el congresista Dany Durand (ANR-Capital), presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, resaltó la importancia que tiene el proyecto y explicó que los asaltos son un tema diario vigente en el país.
“Esta iniciativa no sólo desalentará el robo, sino también la comercialización ilegal de estos aparatos. La comisión apoya el documento”, afirmó.
En relación al tema, el parlamentario Bernardo Villalba (ANR-Concepción), titular de la Comisión de Legislación, apuntó que con la legislatura se tendrá un impacto social muy positivo.
Posteriormente, el congresista Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú, indicó que el documento es favorable a los intereses ciudadanos, la seguridad y la legalidad en el país.
“Te matan por un celular porque es negocio; entonces nosotros debemos matar el negocio. Este texto tiene un alto contenido social, felicitamos la iniciativa recordando que si una Ley puede cambiar la vida de la gente, entonces vale la pena”, sentenció.
Cabe resaltar que a instancias del diputado Bernardo Villalba, el artículo tercero del documento cuenta con una ampliación que obliga a las telefonías a remitir al Ministerio Público todos los antecedentes que tengan, en el caso de que alguien intente habilitar un celular bloqueado.
El proyecto de Ley en cuestión pasa a instancias del Senado para su revisión.
