Piden transparencia activa para evitar alta corrupción en ley de emergencia

El proyecto de ley que endeudara al país por 1.600 millones de dólares debe tener transparencia activa para evitar posibles actos de corrupción es una de las propuestas del Instituto y Economía Ambiental (IDEA). Otro punto señalado es sobre la necesidad de una actualización de las declaraciones juradas de bienes y rentas de todas las autoridades y funcionarios públicos que estarán ejecutando los montos que están divididos en cuatro partes.

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El director Ejecutivo de IDEA, Abogado Ezequiel Santagada realizó ayer un video en directo a través de la cuenta del Facebook que posee dicha organización donde expuso un breve análisis sobre los números y acciones que piensa ejecutar el Gobierno Nacional cuando se apruebe la Ley de Emergencia Nacional. Señaló dos informes; uno del Banco Interamericano de Desarrollo y otro del prestigioso Washington Post (éste último firmado por la ex Ministra de Hacienda de nuestro país Dra. Lea Giménez), sobre el mal gasto del dinero público en Latinoamérica, donde Paraguay sobresalta como uno de los más afectados por el mal manejo del presupuesto.

Las propuestas de IDEA sobre la próxima Ley de Emergencia Nacional son:

• Establecer obligaciones concretas de transparencia activa, esto es, publicación activa de TODA la información que se genere durante la ejecución de los fondos de emergencia. Además, que esa publicación se realice en formato de datos abiertos para que toda persona pueda utilizar, cruzar, investigar con esos datos, esto es, darles valor agregado y evidenciar posibles casos de corrupción. El acceso a la información debe ser combinado con el uso de tecnologías de la información sencillas y asequibles para todos.
• Deberían habilitarse mecanismos de participación ciudadana que permitan recibir opiniones y recomendaciones de los ciudadanos. Esos mecanismos deberían ser abiertos a todas las personas, de recepción remota y solo condicionados a que sean realizados de manera fundada.
• Asimismo, deberían preverse mecanismos de denuncias anónimas con garantías legales reales de protección de los denunciantes.
• Del mismo modo, deben preverse mecanismos de integridad y ética pública. Actualización, presentación y publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de todas las autoridades y funcionarios que vayan a ejecutar o participen en la ejecución de los fondos de emergencia y obligación de actualización de tales declaraciones juradas en forma periódica por los próximos tres años, como mínimo. Presentación y publicidad de declaraciones de conflictos de intereses para detectar posibles vínculos entre autoridades y funcionarios y las firmas que proveerán bienes y servicios durante la emergencia. Presentación de las mismas declaraciones juradas a los proveedores del Estado que se contraten por la vía de excepción prevista en el proyecto de ley.
• Establecer sanciones administrativas y penales para quienes infrinjan las normas de transparencia y/o cometan hechos de corrupción en la ejecución de los fondos de emergencia.

Los tiempos de crisis no deben ser la excusa para facilitar la corrupción. La ciudadanía tiene el derecho a controlar efectivamente el manejo de los fondos para impedir actos de corrupción porque es la ciudadanía la supuesta beneficiaria de las medidas de emergencia. El proyecto de ley de emergencia, así como está planteado parece estar diseñado para diluir los controles y facilitar la impunidad de quienes eventualmente incurran en hechos de corrupción. Solo con la información disponible, libremente difundida y procesable mediante la tecnología actual, la sociedad civil podrá estar fortalecida para demandar un Estado más transparente y responsable

Crédito de imagen, bolsamanía.com