Por Claudia Meaurio
Los senadores Carlos Filizzola, Adolfo Ferreiro y la senadora Blanca Fonseca y representantes de la Red contra toda forma de Discriminación – Paraguay (RCTFD) volvieron a presentar hoy el proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
Los parlamentarios explicaron del alcance del documento y cuáles serán los mecanismos administrativos con los cuales se sancionarán los casos de discriminación. La conferencia tuvo lugar en la sala de prensa del Senado. Además de la senadora y los senadores mencionados, también se encontraba Miguel A. Saguier, quien es el proyectista.
Cabe destacar que el año pasado un proyecto similar fue tratado en la Cámara Alta, sin embargo los legisladores de tinte más conservador rechazaron la ley porque entendieron que el proyecto favorecería la unión legal de las personas del mismo sexo y a quienes tuvieran el deseo de interrumpir un embarazo.
Carlos Filizzola explicó durante la conferencia que lo que se plantea con el proyecto es que se evite y sancione la discriminación de todo tipo, ya sea por el idioma, religión, origen social, género, persona con discapacidad, aspecto físico, orientación sexual, etc. “La red contra toda forma de discriminación trabajó con esto hace muchos años en todo el país. Este proyecto es similar al tratado el año pasado. La esencia es la misma. Reglamenta el artículo 46 de la Constitución Nacional. Se trató y tuvo muy pocos votos. Hoy se dio entrada nuevamente al proyecto”, puntualizó Filizzola .
Si la ley en cuestión se aprobase, existirán sanciones administrativas para los casos en donde se confirmen actos de discriminación. “(El proyecto) habla sobre la no discriminación y sobre la igualdad. Insistimos que tiene que haber esta ley en el sentido de la reglamentación. Esto no solo nos compromete con la Constitución sino con convenios internacionales que hemos firmado. La discriminación existe en el Paraguay, es una realidad. No puede ser que desconozcamos a diferentes sectores de la sociedad que son discriminados”, complementó Filizzola.
El órgano de control que establece el texto del proyecto es el Ministerio de Justicia, que deberá mediar en estos casos toda vez que el Legislativo dé su visto bueno.
